Congreso debate polémico proyecto para eximir de responsabilidad penal a policías y militares por muertes en protestas
Fernando Rospigliosi, presentó un proyecto que propone eximir de responsabilidad penal a miembros de la PNP y FF.AA. que causen lesiones o muertes durante protestas si actúan en cumplimiento de sus funciones. La iniciativa, que incluso plantea efectos retroactivos para casos ocurridos en 2022 y 2023, generó fuerte rechazo de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó un controvertido proyecto de ley que ha generado un intenso debate político y social al proponer eximir de responsabilidad penal a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que causen lesiones o muerte a manifestantes durante protestas, siempre que actúen en cumplimiento de sus funciones constitucionales y en defensa del orden público o de infraestructura pública o privada.
La iniciativa, que actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia del Parlamento, busca modificar el art. 20 del CP para que los efectivos que usen sus armas de manera reglamentaria en situaciones de protesta no sean sujetos a acción penal ni, en caso de prosperar otra modificación, tampoco tengan obligación de pagar reparación civil aunque se demuestre daño a las víctimas o sus familiares.
Rospigliosi fundamenta su propuesta en que, tras la crisis política que desencadenó la vacancia presidencial de Pedro Castillo y las multitudinarias movilizaciones sociales registradas en el país, muchos miembros de las fuerzas del orden que defendieron bienes del Estado o su propia integridad han sido objeto de investigaciones penales. El legislador fujimorista ha llegado a calificar estas indagaciones como una “persecución política” y afirmó que no puede ser que quienes defendieron el orden constitucional sean hoy perseguidos por la Fiscalía.
La iniciativa también contempla una disposición transitoria para que la exoneración de responsabilidad se aplique de forma retroactiva a policías y militares implicados en protestas de 2022 y 2023, periodo en el que se documentaron decenas de muertes y heridos durante enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Sin embargo, la propuesta ha sido fuertemente cuestionada por familiares de las personas fallecidas en esas manifestaciones, quienes sostienen que la ley borraría la responsabilidad del Estado por las muertes y permitiría la impunidad de agentes que hubieran cometido excesos. Organizaciones de derechos humanos y analistas también han advertido que la regulación vigente ya contempla límites claros al uso legítimo de la fuerza y que una modificación tan amplia podría vulnerar principios del derecho penal, como la prohibición de la retroactividad en perjuicio de las víctimas.