Acuerdo con Odebrecht inicia su etapa final
Estiman que en junio la jueza María Álvarez definirá el futuro del convenio firmado con la constructora.
Desde abril se han desarrollado diversas audiencias reservadas con el fin de evaluar y aprobar el acuerdo de colaboración eficaz firmado con la constructora brasileña Odebrecht.
A fines de marzo, el convenio suscrito entre el Equipo Especial Lava Jato y la empresa pasó a manos del Poder Judicial. La jueza María Álvarez Camacho será la encargada de validar o no el convenio firmado en febrero último en Brasil.
Es ella quien dirige las audiencias reservadas, en las que participan el fiscal José Domingo Pérez, los procuradores ad hoc Jorge Ramírez y Silvana Carrión, así como los abogados de la constructora.
La ley no establece un plazo determinado para que el juzgado tome una decisión. Fuentes judiciales estiman que el proceso de homologación finalizaría en junio próximo y será cuando la jueza Álvarez decida si se aprueba el acuerdo de colaboración.
La documentación que viene siendo evaluada por el Poder Judicial es abundante. El acuerdo con Odebrecht, más anexos, incluye un total de 739 tomos de 147.801 páginas o folios.
Solo el convenio consta de 1.056 páginas. En los anexos se encuentran las transcripciones de las declaraciones de los colaboradores y los actos de corroboración, como pericias, reportes bancarios, cooperación judicial internacional y otras disposiciones y resoluciones de la Fiscalía y el Poder Judicial.
Este acuerdo no solo fue suscrito con Odebrecht, también con sus exejecutivos Jorge Barata, Ricardo Boleira, Carlos Nostre y Renato Bartoletti sobre cuatro casos de corrupción y lavado de activos: casos Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde Callao y Vía Evitamiento Cusco. Odebrecht ha reconocido haber cometido ilícitos en estos proyectos.
En las audiencias reservadas, la magistrada ha solicitado precisiones sobre la información entregada por los colaboradores, así como la utilidad para las investigaciones.
En su sentencia, la magistrada no podrá modificar el acuerdo de colaboración. De no recibir su aprobación, la Fiscalía podrá apelar y todo sería definido en una Sala de Apelaciones.