Amplían investigación contra Keiko Fujimori por aportes de campaña
El fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación seguida contra Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper y Adriana Tarazona, a quienes se les atribuye los delitos de organización criminal y lavado de activos en las modalidades de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia

El fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación seguida contra Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper y Adriana Tarazona, a quienes se les atribuye los delitos de organización criminal y lavado de activos en las modalidades de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia.
Según la Fiscalía, los aportes de USD 3 650 000 y USD 7 230 000 hechos a la campaña de Fuerza Popular por el empresario Dionisio Romero, del grupo BCP, y el fallecido Juan Rassmuss Echecopar tendrían un origen ilícito.
Para el fiscal Pérez, el monto aportado por Romero “tiene su origen en los hechos de fraude en la administración de personas jurídicas vinculada al grupo empresarial Romero, por intermedio de su presidente Dionisio Romero Paoletti”.
El empresario, en su condición de presidente del directorio de Credicorp y presidente del directorio del Banco de Crédito del Perú, infringiendo su deber de usar el patrimonio de su representada (es decir, de la persona jurídica que dirigía) “para el desarrollo de las actividades propias de la misma, tomó la decisión de realizar retiros de dinero en efectivo a través del Banco de Crédito del Perú, por USD 3 650 000 con el propósito de entregarlos a la organización liderada por Keiko Fujimori”.
Es decir, Dionisio romero habría cometido el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.
Por su parte, José Ugaz, abogado del empresario manifestó que “una imputación así no tiene ningún sustento”, puesto que el fraude en la administración de personas jurídicas “es un delito de acción privada”, es decir, tiene que ser denunciado por el afectado.
A propósito, Codicorp, que sería una de las empresas afectadas, emitió un pronunciamiento sobre los aportes de Dionisio Romero a la campaña de Fuerza Popular en el 2011 hechos con el patrimonio de la compañía: “La empresa considera que se actuó dentro de las facultades que él y la gerencia de la compañía tenían. Al enterarse de estos hechos, ni el directorio ni los accionistas presentaron una acción legal contra el señor Romero”.
En otra disposición, el fiscal Pérez incorporó a la investigación los peritajes contables realizados por los especialistas (peritos contables) del Ministerio Público respecto a los ingresos y egresos al patrimonio de Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, y Fuerza Popular.
Respecto a Vito, los peritajes indican que presenta un desbalance de S/ 239 197. En lo tocante a Fuerza Popular, existe una diferencia S/ 11 600 000 entre los ingresos y egresos de las cuentas del fujimorismo en la campaña del 2011. Además, muchos aportes se realizaron a través de depósitos en efectivo de manera fraccionada y 62 personas consignadas como aportantes negaron haber realizado dichas contribuciones, lo que evidenciaría el posible “pitufeo” para blanquear el dinero ilícito entregado por Odebrecht. En la campaña del 2016 la diferencia entre ingresos y gastos fue de S/ 4 800 000.
En síntesis, la Fiscalía considera que entre el 2011 y el 2016 existe un desbalance total de S/ 15 000 000 en el patrimonio de Fuerza Popular, monto que tendría un origen ilícito.
La Fiscalía considera que, a través de cuentas de las empresas Construmac e Isagon de Gonzalo Monteverde, el “doleiro” de Odebrecht en el Perú, Odebrecht movió el dinero de los aportes que entregó a la campaña fujimorista.