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19 de febrero de 2021

Aprueban dictamen sobre proyecto de ley que considera a la trata de personas delito contra la dignidad humana

Con 109 votos, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sobre proyecto de ley que propone establecer que los delitos de trata de personas y las distintas formas de explotación sean delitos contra la dignidad humana.

Aprueban dictamen sobre proyecto de ley que considera a la trata de personas delito contra la dignidad humana

Con 109 votos, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sobre proyecto de ley que propone establecer que los delitos de trata de personas y las distintas formas de explotación sean delitos contra la dignidad humana.

En el documento se establece que los tratantes y explotadores serán considerados como personas que denigran a sus víctimas en su condición de seres humanos. El bien jurídico protegido será entonces la dignidad humana, en cuyo núcleo esencial está la prohibición de cosificación, instrumentalización o mercantilización de la persona.

Otro aspecto relevante es que determina cuatro criterios para calcular la reparación civil en favor de las víctimas: los salarios impagos; los costos del tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico; los costos de la rehabilitación física, social y ocupacional; y la indemnización por la pérdida de oportunidades, empleo, educación y prestaciones sociales.

Para asegurar el pago integral de la reparación civil, se prevé que, cuando el condenado no cuente con patrimonio suficiente, los montos obtenidos de las subastas de los bienes que se le decomisaron, cuya titularidad pasó al Estado, sean destinados a cubrir la reparación civil de las víctimas.

Finalmente, se estableció que los defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como los abogados del Centro de Emergencia Mujer, podrán asumir la representación legal de los niños y adolescentes víctimas de estos delitos. Ello con la finalidad de hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia y que puedan ejercer plenamente sus derechos procesales.

Fuente: La República

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