Aprueban proyecto de reglamento del Consejo Nacional de Flagrancia

El Consejo Nacional de Flagrancia aprobó el proyecto de reglamento que regirá su funcionamiento, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y asegurar una respuesta más rápida y eficiente ante los delitos flagrantes.

El documento establece de manera precisa los procedimientos, competencias y plazos que deberán respetarse durante la actuación en casos de flagrancia, priorizando la coordinación entre las distintas instancias del sistema de administración de justicia. Con ello se busca dotar de mayor transparencia al manejo de estos procesos y garantizar los derechos tanto de las víctimas como de los presuntos responsables.

En ese sentido, el reglamento define con claridad qué constituye flagrancia y diferencia estos supuestos de otros en los que no corresponde aplicar un procedimiento inmediato. También dispone mecanismos de intervención policial y judicial con plazos acotados para la presentación de denuncias, la realización de audiencias y la emisión de resoluciones, evitando así dilaciones que afectan el acceso a una justicia oportuna. Además, se precisa que la Policía Nacional, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales deberán coordinar de manera obligatoria para que las diligencias se realicen respetando el debido proceso.

Otro aspecto relevante del proyecto es la protección a las víctimas, que tendrán derecho a asesoramiento legal, atención oportuna y medidas que impidan su revictimización. Asimismo, se establece un sistema de seguimiento y evaluación de los casos que obligará a las autoridades competentes a informar periódicamente sobre los resultados y el cumplimiento de los plazos previstos, con la finalidad de identificar y corregir posibles obstáculos en la aplicación práctica del reglamento.

Finalmente, dicho Consejo considera que la implementación de esta normativa permitirá reducir los tiempos de respuesta judicial en situaciones evidentes, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y contribuir a la mejora de la seguridad pública. Los próximos pasos incluyen la difusión del reglamento entre los operadores judiciales y policiales, la capacitación especializada y su publicación oficial para la pronta entrada en vigencia.