Archivan investigación por enriquecimiento ilícito contra José Domingo Pérez
El Poder Judicial archivó de manera definitiva la investigación seguida contra el fiscal José Domingo Pérez por presunto enriquecimiento ilícito, al concluir que no existió incremento patrimonial injustificado. Los peritajes contables descartaron irregularidades y el Ministerio Público consideró que no había elementos para continuar el proceso, dando por cerrado el caso.

El Poder Judicial resolvió archivar de forma definitiva la investigación preparatoria que se seguía contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, al concluir que no se acreditó un incremento patrimonial injustificado durante el periodo analizado. La decisión fue adoptada este 17 de diciembre de 2025 por el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Lima, que declaró fundado el pedido de sobreseimiento presentado por la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y ordenó levantar todas las medidas coercitivas que pesaban sobre él.
La investigación se había iniciado a fines de 2023 tras una denuncia que cuestionaba la evolución patrimonial de Pérez, señalando hechos como la compra de un vehículo y obligaciones financieras por inmuebles en Miraflores que, según la denuncia, no se corresponderían con sus ingresos. A lo largo de casi dos años, las autoridades realizaron diligencias, levantaron el secreto bancario, tributario y bursátil, y se encargaron varios peritajes contables financieros. Si bien uno de los primeros informes detectó un presunto desbalance, los peritajes finales concluyeron que no existió un incremento de patrimonio ilícito y que, por el contrario, se registró un saldo económico favorable, por lo que no se contaba con elementos suficientes para sostener una acusación penal.
El juzgado también tomó en cuenta que el propio Ministerio Público consideró que no era razonable esperar nuevas pruebas que pudieran modificar el resultado de la investigación y la Procuraduría Pública no se opuso al sobreseimiento ni solicitó reparación civil. Con estas consideraciones, el tribunal declaró concluido el caso en la vía judicial y dispuso la devolución de la carpeta fiscal a la Fiscalía Superior correspondiente.