Campaña de Keiko en 2016 fue financiada por la Universidad Alas Peruanas
El fiscal especializado en Lavado de Activos Wilson Salazar Reque ha comprendido en el caso a la excandidata, a Joaquín Ramírez y al dirigente fujimorista Pier Figari. Y ha dispuesto interrogar a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Kenji Fujimori.

Por existir indicios del traslado de dinero de los fondos de la Universidad Alas Peruanas a las cuentas de Fuerza Popular para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016 fueron imputados como presuntos autores de lavado de activos, la lideresa del partido naranja y los exmiembros de la cúpula Joaquín Ramírez Gamarra y Pier Figari Mendoza.
El caso que está cargo del fiscal especializado en Lavado de Activos Wilson Salazar Reque se inició a partir de una denuncia formulada por accionistas y exdirectivos de la Cooperativa Alas Peruanas, propietaria absoluta de la universidad de la misma denominación.
Según estas personas que administraron durante varios años la cooperativa encabezada por el recientemente fallecido Fidel Ramírez Prado, dinero de la Universidad Alas Peruanas fue derivado indebidamente a las cuentas de las empresas y del propio Joaquín Ramírez. A su vez, este destinó un estimado de 8 millones –aunque las autoridades estiman que podría ser mucho más– a la campaña de Keiko Fujimori.
Joaquín Ramírez fue llevado al entorno de Keiko Fujimori por quien fuera el jefe de campaña presidencial de esta en 2011, Jaime Yoshiyama Tanaka, y rápidamente para sorpresa de los fujimoristas de la vieja guardia escaló rápidamente posiciones en el partido naranja.
En 2011, postuló al Congreso y logró ser elegido. Y en 2016, fue designado secretario general del partido, al tiempo que se convertía en pieza estratégica en el entorno de la lideresa de la organización naranja.
El financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori en 2016 pudo haber sido un poderoso factor para que Ramírez destacara en el partido fujimorista.
Además de Keiko Fujimori, Pier Figari y Joaquín Ramírez han sido incluidos por el fiscal Wilson Salazar como presuntos coautores de lavado de activos, la viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos Vela, y las hijas del matrimonio, Nancy y Maribel Ramírez Gallegos.
A estos imputados se suman la esposa de Joaquín Ramírez, Rosa Castañeda Cubas; su socio de la Inmobiliaria Primavera, Edmond Jordán Montes; el esposo de Maribel Ramírez, Marco Urteaga Cabrera; el cónyuge de Nancy Ramírez, Yohny Ramírez Núñez; y la madre del excongresista, Luisa Gamarra de Ramírez.
El fiscal también comprendió en el caso a 15 personas jurídicas vinculadas con los 11 imputados en el caso, entre estas el partido Fuerza Popular y las entidades Universidad Alas Peruanas, Lima Ingeniería, Capricornio Import y Construcción e Integral Tecnologías.
La universidad transfirió dinero a estas tres empresas de Joaquín Ramírez. A nombre de la primera de las mencionadas, Lima Ingeniería, Ramírez entregó a Fuerza Popular el inmueble de la calle Bucaré, en Chacarilla, desde donde Keiko Fujimori condujo la campaña presidencial de 2016. Han sido consideradas además otras empresas de Joaquín Ramírez, que usó para adquirir inmuebles con fondos de origen sospechoso.
Este caso es diferente a otros dos que afronta Joaquín Ramírez, el que se inició por la denuncia de la exprocuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe Trujillo y el que se originó por el testimonio del expiloto Jesús Vásquez, quien alegó que Joaquín Ramírez le dijo que Keiko Fujimori le dio dinero para lavarlo con la red de sus grifos.