Caso Club de la Construcción: acusan a Martín Vizcarra de recibir coimas de 1 millón de soles de parte del consorcio Obrainsa-Astaldi

Un aspirante a colaborador eficaz manifestó que, en el 2014, cuando era gobernador regional de Moquegua, Vizcarra recibió S/ 1 016 212 de parte del consorcio Obrainsa-Astaldi, a cambio de la buena pro en la licitación de la obra Lomas de Ilo.

Según el aspirante a colaborador eficaz N.° 10-2018, el millón de soles pagado en 2 armadas de S/ 400 000 y S/ 600 000 respectivamente, mediante cheques girados a nombre del conserje de Obrainsa, correspondería al 2 % del valor de la obra adjudicada, porcentaje que en ese entonces habría solicitado Vizcarra por favorecer al consorcio en la licitación.

El aspirante indicó que el 3 y 4 de noviembre del 2013 Elard Tejeda, gerente general de Obrainsa, se comunicó con Martín Vizcarra. En las llamadas Vizcarra le habría manifestado que estaba informado de la presentación de las ofertas a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), entidad encargada de la selección.

Coordinada la reunión, el 4 o 5 de noviembre del 2013 Vizcarra y Tejeda se reunieron en las oficinas de Obrainsa. En dicha reunión, según el aspirante a colaborador, Vizcarra le habría indicado a Tejeda que la convocatoria se había hecho sin valor referencial y que le iba a brindar una “información privilegiada”: que para el proyecto Lomas de Ilo el Gobierno Regional de Moquegua solo tenía un presupuesto de S/ 90 000 000, que incluía la obra y los costos de ingeniería y supervisión. Por tal motivo, Obrainsa debía reducir su propuesta de S/86 454 818 a un monto no mayor de S/ 81 000 000. Asimismo, Vizcarra le habría dicho que, una vez realizada la evaluación de las propuestas por parte de la UNOPS, “a él le informaban los resultados antes de realizar la adjudicación” para que manifieste su conformidad u objeción.

El monto de S/ 1 000 000 habría sido solicitado en razón de que “en las obras que licitaba Provías Nacional, todas las empresas que ganaban pagaban una comisión de más del 2 % del costo directo de la obra a los funcionarios públicos”.