Caso Manta: a 3 años iniciado el segundo juicio, víctimas aún esperan justicia
El caso Manta es el único en nuestro país en el que los militares son investigados especialmente por violaciones sexuales hace 38 años. Las sobrevivientes buscan que se brinde una solución ejemplar para los culpables.
El ejército peruano había instalado una base militar en Manta-Huancavelica hace 38 años, durante el contexto del conflicto armado interno (CAI) que se vivía en nuestro país. El deber del ejército era “proteger” a los pobladores de los actos terroristas de Sendero Luminoso. No obstante, en ese tiempo se registraron distintos delitos de lesa humanidad cometidos por las propias Fuerzas Armadas, como reveló el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Según el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, son aproximadamente 5000 casos de violación sexual donde las víctimas fueron niñas, adolescentes y adultas.
Incluso, al quedar embarazas las niñas producto de la violación, fueron obligadas a ser madres. Ese fue el caso de una de las sobrevivientes, que a los 16 años tuvo en embarazado forzado luego de haber sido agredida sexualmente por los soldados en Manta.
La vida de muchas mujeres fue truncada por el simple hecho de vivir en un periodo de violencia y, sobre todo, por aquellos soldados que abusaron de su poder para cometer acciones sistemáticas de violaciones sexuales.
Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, acompaña el caso y a sus tres patrocinadas desde el 2007, cuando se dio la denuncia en la que por primera vez en la historia de nuestro país se buscaba investigar a un grupo de 13 militares exclusivamente por haber violado 9 mujeres durante el conflicto armado interno.
En primer juicio oral se dio en el 2016, pero se interrumpió al verificarse que no había imparcialidad. Asimismo, existía el riesgo de que hubiera corrupción, pues la presidenta de la sala estaba involucrada en la red Los Cuellos Blancos del Puerto.
Posteriormente, el 13 de marzo del 2019 inició el segundo juicio oral, que acaba de cumplir 3 años el pasado domingo. Actualmente, las sobrevivientes ven complicado obtener justicia para las niñas, adolescentes y mujeres que vivieron durante el conflicto armado interno en el Perú, donde la autoridad máxima eran los militares.
De manera indignante, la defensa de los militares alega —a través de interrogatorios revictimizadores— que sí hubo consentimiento. Esto para desestimar que se trataron de violaciones sexuales y que los acusados abusaron de la posición de poder en la que se encontraban en esos momentos.
“Ese es el esquema más o menos de la defensa: negar que hubo un patrón, un accionar sistemático de estos miembros de este cuartel, violaciones consentidas y hasta autorizadas por los que estaban al mando en esos momentos”, explica Víctor Álvarez, abogador por Demus en el caso Manta.