Caso Richard Swing: detuvieron preliminarmente a Richard Cisneros, Karem Roca y Miriam Morales
Bajo la dirección de la Fiscalía, agentes de la Divac realizaron un operativo de allanamiento, incautación y detención preliminar contra los presuntos implicados en la contratación de Richard Cisneros por el Ministerio de Cultura entre el 2018 y 2020, a quienes además se les levantará el secreto de las comunicaciones.
Bajo la dirección de la Fiscalía, agentes de la Divac realizaron un operativo de allanamiento, incautación y detención preliminar contra los presuntos implicados en la contratación de Richard Cisneros por el Ministerio de Cultura entre el 2018 y 2020, a quienes además se les levantará el secreto de las comunicaciones.
En el operativo se intervino las viviendas de 10 investigados. Además de las de Cisneros, Miriam Morales (exsecretaria general de Palacio de Gobierno), Oscar Vásquez Zegarra (excoordinador de Prensa y Comunicaciones) y Karem Roca (exsecretaria), también se allanaron las viviendas de diversos funcionarios del Ministerio de Cultura: Patricia Dávila Tasaico y Diana Angelica Tamashiro Oshiro (exsecretarias generales); Lincoln Martin Matos Parodi (director general de la Oficina General de Administración); Aura Elisa Quiñones Li y Liliana Margot Chaname Castillo (exdirectoras generales de Recursos Humanos); Mauricio Manuel Salas Torreblanca (coordinador y programador del Gran Teatro Municipal). Todos ellos estarán en detención preliminar por 7 días.
Asimismo, como parte de la investigación, la Fiscalía señaló que también levantará el secreto de las comunicaciones a los investigados, a fin de visualizar y extraer información, data digital y redes sociales “a las que se encuentren vinculadas todas aquellas especies que se logren incautar en los inmuebles materia de allanamiento y registro”.
La finalidad del operativo, según indicó el Ministerio Público, es evitar el peligro de fuga y, sobre todo, de obstaculización. Pues los involucrados en la investigación estarían vinculados a funcionarios de gobierno y poder político que podrían interferir y entorpecer la investigación. Es más, ya habrían empezado a contactar a los investigados y testigos para que declaren falsamente e incluso borrado material probatorio para entorpecer la investigación. Por ello, la Fiscalía consideró fundamental adoptar las medidas anteriormente señaladas.