Congreso otorga facultades al Ejecutivo para crear el delito de revelación de información reservada
El Congreso otorgó al Ejecutivo facultades legislativas para incorporar el delito de revelación de información reservada en aras de luchar contra la criminalidad. Aunque el Gobierno sostiene que la medida busca sancionar a funcionarios que filtren datos sensibles. Por otro lado, gremios periodísticos han advertido que dicha medida podría afectar la libertad de prensa y el acceso a información.

El Congreso aprobó otorgar al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente José Jerí, facultades legislativas por un período de 60 días para legislar en seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad y otras áreas, entre las cuales figura la creación de un nuevo delito por la revelación de información reservada vinculada a investigaciones penales y actuaciones policiales. La delegación de facultades quedó oficializada con la publicación de la Ley N.º 32527 en el diario oficial El Peruano, lo que autoriza al Gobierno a emitir decretos legislativos que incorporen esta figura al Código Penal, con el objetivo declarado de fortalecer la reserva de datos sensibles y la ética funcional de los servidores públicos.
La iniciativa, incluida dentro de un amplio paquete de medidas para atender la seguridad ciudadana, fue justificada por el Ejecutivo bajo la premisa de que la filtración de información clasificada puede comprometer investigaciones en curso, obstaculizar diligencias y poner en riesgo a víctimas, testigos y operadores judiciales. En ese sentido, el primer ministro, Ernesto Álvarez, aseguró que la propuesta no busca limitar la labor periodística, sino sancionar específicamente a funcionarios, policías, fiscales o jueces que divulguen información reservada que facilite la evasión de la justicia o afecte operativos. Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación en gremios de prensa y sectores académicos, que advierten el riesgo de una redacción ambigua que podría afectar la libertad de información y el periodismo de investigación.
El debate se centra ahora en la necesidad de equilibrar la reserva de las investigaciones con las garantías constitucionales de transparencia y libertad de expresión, en un contexto marcado por una creciente demanda ciudadana de seguridad y control del crimen, pero también de vigilancia democrática sobre el poder público.