Congreso rechaza inhabilitación de Pedro Castillo tras intento de disolver el Congreso
El Congreso rechazó la inhabilitación por diez años contra Pedro Castillo al no alcanzar los 68 votos requeridos, obteniendo solo 44 a favor. Las propuestas para sancionar también a Betssy Chávez y Willy Huerta corrieron la misma suerte. Las bancadas que bloquearon la medida fueron principalmente Podemos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú y otros grupos afines.
El Congreso de la República rechazó la propuesta de inhabilitar por diez años al expresidente Pedro Castillo para el ejercicio de la función pública, en medio del debate generado por su intento de disolver el Parlamento el 7 de diciembre de 2022. La iniciativa, contenida en el informe final de denuncias constitucionales acumuladas, no alcanzó los 68 votos necesarios para su aprobación en el pleno. La votación arrojó 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones —una cifra insuficiente para concretar la sanción—. Con este desenlace, no solo se descartó la inhabilitación de Castillo, sino también la similar medida propuesta para la ex primera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta. En el caso de Betssy Chávez, la moción logró 54 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones. Por otro lado, la propuesta para inhabilitar a Willy Huerta obtuvo 44 votos a favor, 30 en contra y siete abstenciones.
El rechazo a la sanción estuvo liderado por las bancadas de Podemos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Democrático, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular. Cabe señalar que, entre estas agrupaciones, al menos Podemos Perú y Perú Libre mantienen cercanía política con Pedro Castillo, quien durante el debate participó virtualmente desde el penal de Barbadillo y ratificó su defensa: sostuvo que su anuncio de disolución del Congreso fue solo un “mensaje” y negó que existiera un plan ejecutivo de golpe. El rechazo a la inhabilitación, según sus defensores, estaría motivado por una apelación al principio de non bis in idem, dado que ya fue condenado judicialmente.
Con esta votación, el informe final aprobado por la Comisión Permanente —que proponía la suspensión de derechos políticos a Castillo por diez años— quedó archivado, postergando cualquier sanción de ese tipo más allá del castigo penal ya impuesto.