Corrupción en el Metro de Lima: Jorge Cuba condenado a 21 años de prisión pero escapa del país antes de sentencia
El exviceministro Jorge Cuba fue condenado a más de 21 años de prisión por corrupción en la adjudicación del Metro de Lima a Odebrecht, pero logró fugar del país antes de la lectura de sentencia. El fallo revela la magnitud de la corrupción durante el segundo gobierno de Alan García.
El caso de Jorge Cuba Hidalgo marca un hito dentro del megacaso Lava Jato en Perú. El exviceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión por haber recibido más de 8 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El dinero ilícito fue transferido a cuentas offshore con el fin de facilitar la adjudicación de los tramos iniciales de la Línea 1 del Metro de Lima. La condena, dictada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, se extiende también a varios exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mientras que Jessica Tejada, expareja de Cuba, fue absuelta.
El tribunal ordenó la ejecución inmediata de la sentencia y la emisión de órdenes de captura nacional e internacional, ya que algunos de los condenados, incluido Jorge Cuba, no se presentaron a la audiencia de lectura. Según el fiscal José Domingo Pérez, el exviceministro abandonó el país por la frontera con Ecuador el pasado 20 de julio, lo cual fue confirmado por la Policía Nacional. Esta fuga ocurrió pese a que el Ministerio Público había solicitado la prolongación del impedimento de salida del país, pedido que fue denegado por el Poder Judicial, argumentando falta de base legal para imponer medidas restrictivas sucesivas.
El fiscal Pérez criticó duramente esta decisión judicial y señaló que la fuga de Cuba evidencia las limitaciones actuales del sistema legal para asegurar la presencia de los acusados en procesos de corrupción de alta envergadura. Según él, esta sentencia demuestra que el emblemático proyecto del Metro de Lima estuvo envuelto en sobornos millonarios y refleja la corrupción sistemática que caracterizó al segundo gobierno aprista. Asimismo, anunció que apelará los extremos de la sentencia que consideró insuficientes, como la reducción de penas y la absolución de ciertos implicados.
Por su parte, el Poder Judicial también estableció reparaciones civiles por los delitos cometidos. En el caso de colusión, el monto asciende a 12 millones de soles, y por lavado de activos, a 12 millones de dólares, ambos a ser pagados de forma solidaria por los condenados. Estas cifras reflejan no solo el perjuicio económico al Estado, sino también la gravedad del entramado corrupto que permitió que una obra pública clave fuera utilizada como canal de enriquecimiento ilícito.
Este episodio revela las profundas falencias estructurales del sistema judicial y político en el Perú. La falta de coordinación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, sumada a normas que priorizan garantías individuales sin considerar el peligro procesal, facilitaron que un condenado por corrupción escape sin mayores obstáculos. El caso de Jorge Cuba no solo reaviva las críticas al sistema de justicia, sino que también se suma a la larga lista de funcionarios implicados en Lava Jato que han evadido su responsabilidad penal, alimentando la percepción de impunidad en el país.