Delia Espinoza exige a Tomás Gálvez la entrega del cargo de fiscal de la Nación tras orden judicial de restitución
Delia Espinoza solicitó formalmente a Tomás Gálvez la transferencia del cargo de fiscal de la Nación, luego de que el Poder Judicial ordenara su restitución. La magistrada pidió suspender las funciones del interino y conformar una comisión de entrega, mientras la Junta Nacional de Justicia debe acatar la medida en un plazo de dos días.
La magistrada Delia Espinoza ha solicitado formalmente al fiscal supremo Tomás Gálvez la entrega del cargo de Fiscalía de la Nación, luego de que el Poder Judicial dispusiera su restitución mediante una medida cautelar. En su escrito dirigido a Gálvez, Espinoza apunta que corresponde suspender las gestiones institucionales propias del titular de dicha dependencia, considerando que el interinato de Gálvez está próximo a su término, y que ella retomará esas funciones en su condición de titular legítima. De igual manera, la magistrada solicita la designación de la comisión encargada de la transferencia de gestión entre ambas partes.
El origen de esta solicitud se encuentra en la resolución emitida por el Noveno Juzgado Constitucional que ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituir a Espinoza en un plazo máximo de dos días, luego de detectar que aquella entidad no había acatado de manera adecuada una medida anterior que anulaba el proceso disciplinario y suspendía la sanción impuesta en su contra. Según la resolución, la JNJ había paralizado parcialmente el proceso, pero dejó vigentes ciertos cargos que la justicia consideró, todos vinculados a la misma causa administrativa. Asimismo, el tribunal enfatizó que ninguna entidad pública está facultada para calificar, restringir o interpretar el alcance de una resolución judicial.
Con este escenario, se desencadena un proceso de transición en la dirección de la Fiscalía de la Nación: Espinoza reclama su restitución completa como titular, mientras Gálvez, en su calidad de interino, debe facilitar el traspaso de funciones. El desenlace de esta situación tendrá implicancias importantes en la institucionalidad del organismo persecutor y en la interpretación del cumplimiento de las resoluciones judiciales frente al control disciplinario del personal de la administración pública.