Dictan impedimento de salida para Martín Vizcarra

La jueza María Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, acogió el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche y dictó 18 meses de impedimento de salida del país para el expresidente Martín Vizcarra por las presuntas coimas recibidas cuando era gobernador regional de Moquegua por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El fiscal Juárez Atoche señaló la necesidad de que se dicte el impedimento de salida para asegurar la presencia del exmandatario, debido a que se requiere recabar su declaración.

A propósito, el fiscal mencionó que, en octubre del presente año, cuando aún era presidente, Vizcarra ignoró su citación para rendir su declaración.

También indicó que la medida es proporcional, ya que, “si bien es cierto, se afecta un derecho fundamental, […] [esta restricción] no es demasiado gravos[a] como una prisión preventiva, donde el imputado no va a tener esa capacidad de locomoción”. Así pues, con el impedimento de salida, Vizcarra aun “va a poder realizar las actividades que desee dentro del territorio nacional”.

Sobre el peligro de fuga, Juárez Atoche señaló que “hay posibilidad de que Martín Vizcarra pueda asilarse en Bolivia, teniendo en cuenta que hay una persona cercana a él que está ejerciendo el poder allí”, el presidente electo boliviano Luis Arce Catacora. Además, según la Fiscalía, el exmandatario “cuenta con los ingresos suficientes para salir del país”.

Por su parte, la defensa del exmandatario negó que hubiera peligro de fuga, toda vez que Vizcarra entregó sus pasaportes el 10 de noviembre del 2020 a las 7:45 de la mañana, al día siguiente de ser vacado.

Además, la defensa señaló que la inasistencia de Vizcarra a la citación de la Fiscalía no debe ser motivo para dictar impedimento de salida, pues estaba justificada por el conflicto, aun no resuelto, de competencias entre el Equipo Especial Lava Jato y la Fiscalía Anticorrupción. Ante ello, el fiscal Juárez Atoche respondió que ambas fiscalías manejan investigaciones distintas, pues su despacho “abre una investigación por hechos concretos y por personas debidamente identificadas”, mientras que “la otra fiscalía [la del fiscal Elmer Chirre] abre contra las personas que resulten responsables y por hechos que son distintos a mi despacho”.

Con todo, Vizcarra se allanó al pedido de la Fiscalía. Ello para demostrar su colaboración con el proceso. En palabras del propio Fernando Ugaz Zegarra, abogado de Vizcarra:

Este allanamiento es una actitud simbólica ante el sistema, frente a su despacho [el de la jueza], frente al despacho del doctor Juárez Atoche [...] para que en verdad se entienda que nosotros no queremos tener una conducta obstruccionista ni que impida el desarrollo de la misma”.

Finalmente, la jueza Álvarez Camacho determinó que los elementos de convicción presentados por el fiscal están suficientemente acreditados a nivel de investigación preliminar y que sí habría peligro de fuga. Sin embargo, precisó que no tomó en cuenta la inasistencia de Vizcarra a la citación de la Fiscalía para fundamentar su decisión.

El fiscal Juárez Atoche investiga a Vizcarra por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho pasivo impropio, cometidos cuando era gobernador de Moquegua. El primero de ellos, por haber cedido información al consorcio Obrainsa-Astaldi para que se beneficie en la licitación del proyecto Lomas de Ilo, a cambio del 2 % del precio de la obra, que equivaldría a S/ 1 000 000. El segundo, por solicitar una avioneta “para que trasladara a unos amigos de Lima a Ilo e Ilo a Lima […], a cuenta del soborno del millón de soles”.

Respecto del Hospital de Moquegua, el entonces ministro de agricultura, Fernando Cueto, habría contactado con Rafael Granados, gerente comercial de la empresa ICCSA, para indicarle que para la adjudicación de la obra del Hospital de Moquegua tenían que darle un monto del S/ 1 300 000 a Vizcarra, ello según la versión de un colaborador eficaz del caso Club de la Constucción. El proceso de licitación se llevó a cabo por UNOPS llevó, pero no fueron los que adjudicaron la licitación, sino el Gobierno Regional de Moquegua.