Estado defendió soberanía constitucional ante la Corte IDH por caso de Ley de Amnistía
El Estado peruano defendió ante la Corte IDH la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, señalando que no busca impunidad, sino respeto a las competencias de las instituciones nacionales y al principio de subsidiaridad.
San José, Costa Rica. – El Estado peruano defendió este jueves la soberanía constitucional del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco de la audiencia por la inaplicación de la Ley de Amnistía en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
La representación nacional, encabezada por los constitucionalistas Jorge Luis Cáceres Arce y César Pastor, sostuvo que el Perú no busca amparar delitos comunes ni de lesa humanidad, sino reafirmar el respeto a las competencias que la Constitución otorga a sus instituciones. En su intervención, Pastor cuestionó el uso del término “conflicto interno” para referirse a la lucha contra el terrorismo, mientras destacó la situación de militares, policías y miembros de comités de autodefensa que llevan entre tres y cuatro décadas esperando sentencia.
Por su parte, Cáceres Arce, agente del Estado ante la Corte IDH, enfatizó que el principio de subsidiariedad debe prevalecer, recordando que en 47 procesos seguidos contra militares entre 1980 y 2000, jueces ordinarios ya desestimaron requerimientos por delitos como homicidio calificado o lesa humanidad. Mencionó además que, el pasado 20 de agosto, el juez Richard Concepción Carhuancho rechazó un caso aplicando el control difuso.
“Estamos pidiendo que se respete el principio de subsidiariedad y que se confíe en nuestras instituciones. En el Perú hay derechos humanos y garantías”, señaló a la prensa al finalizar la audiencia.
El constitucionalista también remarcó que los miembros de las Fuerzas Armadas y Comités de Autodefensa tienen derecho al respeto del plazo razonable. “Hay personas que llevan 30 o 40 años sin sentencia, pese a haber defendido a la patria. ¿Eso es humano, es razonable?”, cuestionó. Y asimismo, sostuvo que la Ley de Amnistía cumple con los criterios de razonabilidad jurídica y con los estándares internacionales, recordando que el artículo 102, inciso 6, de la Constitución faculta al Congreso a otorgar amnistías.
La delegación peruana estuvo conformada—como señalamos anteriormente— por los abogados arequipeños Cáceres Arce y Pastor, así como por los representantes del Congreso Ángel Delgado, William Oblitas y Manuel Peña.
En contraposición, los representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y abogados de los familiares de las víctimas rechazaron la norma, señalando que constituye un mecanismo de impunidad, y solicitaron que la Corte IDH reafirme su posición de inaplicación.