Fernando Rospigliosi solicita al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Parlamento en mitin de Fuerza Popular
El presidente del Congreso del Perú, Fernando Rospigliosi, pidió al Jurado Electoral Especial de Pacasmayo archivar la denuncia que se le sigue por la supuesta utilización de una cámara institucional del Congreso para un mitin del Fuerza Popular el 30 de octubre, y sostuvo que no ordenó ni autorizó el hecho, lo que a su juicio imposibilita imputarle responsabilidad.
El 7 de noviembre de 2025, Fernando Rospigliosi formalizó ante el JEE de Pacasmayo su pedido de que se archive la investigación abierta en su contra por la presunta vulneración del principio de neutralidad electoral tras la difusión de un mitin del partido Fuerza Popular, en el cual se utilizó una cámara inventariada del Congreso. Según su descargo, no existe “evidencia que lo vincule de forma directa” con el uso del equipo audiovisual en cuestión. En ese sentido, Rospigliosi argumenta que no dio órdenes, autorizaciones ni participó en la operación del material, motivo por el cual considera que no puede atribuírsele un “acto” de apoyo al partido político.
En su defensa, el parlamentario invocó el artículo 33 del reglamento interno del Congreso, que delimita que una infracción de neutralidad se configura únicamente si una autoridad interviene activamente o emplea su cargo para influir en el voto. En este caso —sostiene Rospigliosi— el evento fue un acto partidario externo en el que él no participó y que además no fue organizado por el Legislativo.
Asimismo, explicó que la responsabilidad operativa de los bienes institucionales del Congreso recae sobre la Oficialía Mayor, y no le corresponde atribuírsele una responsabilidad por omisión como si se tratara de un acto de favorecimiento.
El congresista informó que, de manera interna, ya se habría iniciado un procedimiento disciplinario contra los servidores implicados, por lo que consideró que el expediente ante el JEE “carece de fundamento jurídico y probatorio” y solicitó su archivo.
Ahora corresponde que el JEE evalúe si acepta el pedido de archivo o continúa con la tramitación del procedimiento. El desenlace marcará un precedente sobre la responsabilidad de las altas autoridades del Congreso en casos de uso indebido de bienes institucionales en actos partidarios.