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Nacional
16 de mayo de 2019

Fiscal de la Nación denuncia a Pedro Chávarry

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formuló la denuncia contra Pedro Chávarry por presuntos actos de obstaculización en torno a las acciones del Equipo Especial Lava Jato.

Fiscal de la Nación denuncia a Pedro Chávarry

Este miércoles, la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pedro Chávarry. Los delitos por los que se le acusa son de presunto encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto.

La acusación se sustenta en supuestos actos de obstaculización en torno a las acciones del Equipo Especial Lava Jato y vulneración irregular de oficinas lacradas en la sede principal del Ministerio Público.

Como se recuerda, Rosa María Venegas, exasesora de Pedro Chávarry, indicó que el exfiscal de la Nación fue responsable de la intervención a las oficinas lacradas de su asesor Juan Manuel Duarte para retirar documentación que podría haber sido utilizada en su contra.

Esto, luego de que Venegas fuera captada por las cámaras de seguridad sacando tres cajas de documentos de las oficinas que fueron lacradas por orden del fiscal José Domingo Pérez. La exasesora también acusó a Juan Manuel Duarte, entonces asesor de Pedro Chávarry, de haberla llamado para decirle "sácate todo lo que puedas".

Rosa María Venegas declaró ante el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación y luego ante el fiscal Reynaldo Abia.

Por su parte, el legislador Juan Sheput tiene hasta el 17 de mayo para presentar el informe final sobre las denuncias contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, de acuerdo al César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En total, son cuatro denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry las que se encuentra investigando el congresista.

Las denuncias están relacionadas a presunto encubrimiento real y personal, organización criminal y delitos contra la tranquilidad pública.

Fuente: La República