Fiscalía formaliza investigación contra Betssy Chávez por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible
El Poder Judicial aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra la exministra Betssy Chávez por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible, vinculados a la contratación de familiares de su expareja en entidades públicas. El Ministerio Público continuará con las diligencias para determinar responsabilidades penales.
La Fiscalía de la Nación ha logrado que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema apruebe la formalización de una investigación preparatoria contra la exministra de Trabajo y excongresista Betssy Chávez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado peruano. Según la tesis del Ministerio Público, la investigación se centra en una serie de contrataciones de personas relacionadas con la entonces pareja sentimental de Chávez, Abel Sotelo Villa, en diversas entidades públicas como el Congreso de la República, Essalud y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).
De acuerdo con las pesquisas fiscales, Marco Sotelo Villa, hermano de Sotelo Villa, fue contratado como asistente en el despacho congresal de Chávez en 2021, pese a que en su declaración jurada omitió indicar el vínculo familiar para poder acceder al cargo. Durante su periodo laboral en el Parlamento habría percibido más de S/42 000. Asimismo, la Fiscalía investiga la contratación de Flor Sotelo Villa —hermana de la misma pareja— como auxiliar administrativo, así como la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo, en cargos en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y en Cofopri.
La formalización se da luego de que, en octubre de 2025, el Congreso aprobara la formación de causa penal contra Chávez por estos hechos, tras una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía en abril de 2023 que solicitó levantar el fuero de la exparlamentaria para permitir la investigación penal.
Betssy Chávez actualmente cumple una condena de 11 años de prisión por su vinculación con el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, y esta nueva investigación amplía el escrutinio de las autoridades judiciales sobre su actuación durante su gestión pública.