Fiscalía investiga a jueces por presunta liberación de narcotraficantes
Fiscalía atribuye a jueces integrar una organización criminal que cobraba cupos para liberar a narcos y presos por extorsión.
“A la profesora no le interesa que seas culpable o inocente, la libertad cuesta”, era lo que repetían dos abogados a sus eventuales clientes en el penal Ancón 1, entre el 2012 y 2016.
En el 2018, luego que saliera a la luz el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, la consigna fue repetida por el testigo Manuel Hilario Sánchez ante la Segunda Fiscalía Suprema Penal para casos de corrupción.
Tras una larga pero minuciosa investigación, el Ministerio Público ha encontrado elementos que le permiten señalar que la “profesora” es el alias que se utilizaba para referirse a Emma Benavides Vargas, juez superior titular de Lima.
La magistrada Benavides Vargas cuenta con más de 30 años de carrera en el Poder Judicial. Tenía una conducta intachable e incorruptible, por lo que hasta el 2020 integró diversos tribunales de la hoy Corte Penal Nacional.
En el mes de septiembre, la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra Emma Benavides Vargas, María Luis Apaza Panuera y Lorenzo Pablo Ilave García, jueces que integraban el Colegiado E de la Sala Penal Nacional, entre noviembre del 2012 y marzo del 2015, por los delitos de cohecho y organización criminal.
La imputación fiscal señala a los mencionados jueces como los presuntos líderes de una organización criminal integrada por jueces, abogados y servidores judiciales, que liberaban narcotraficantes y peligrosos extorsionadores, a cambio de altas sumas de dinero que llegarían hasta los 150 mil dólares.
Otro de los involucrados es el juez Rafael Martín Martínez Vargas, el magistrado que está a cargo de decidir si se inicia una investigación judicial al exdictador Alberto Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas, quien habría recibido dinero por la liberación de personas procesadas por narcotráfico.
A solicitud del fiscal supremo Alcides Chinchay, el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Muñoz ha impuesto comparecencia restringida, impedimento de salida del país por 36 meses y el pago de 50 mil soles de caución para la magistrada Emma Benavides.
Además, los testigos identificaron a Walter Mendoza y Ana Luisa Vásquez, ambos abogados, como los presuntos intermediarios para los pagos que los presos por narcotráfico y extorsión realizaban a los jueces para obtener su libertad. Por lo que el juez supremo Hugo Muñoz dictó orden de detención de 18 meses contra ambos abogados.