Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para investigados por defraudación aduanera
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Callao ha presentado un requerimiento que comprende a 7 de los 32 detenidos el pasado viernes 4 de noviembre en megaoperativo, además, pide restricciones para los otros 25 capturados durante la intervención.
El pasado viernes 4 de noviembre se realizó un operativo en donde se detuvo a 32 personas por presunta defraudación de renta de aduanas en perjuicio del Estado. Es por esto que el Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra siete de los detenidos en el operativo, entre ellos figuran: el jefe del Área de Importaciones de Aduana, Lizardo Pérez Coyla, así como a los especialistas de SUNAT, Miguel Ángel Farías Aseng y Luis Manuel Ludeña de Montalbán.
El requerimiento fue planteado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Callao y también incluye a los comisionistas Antony Erick Arrasco Usquiano, Víctor Valdera Ubillus y Víctor José Ruiz Reátegui; y la empresaria Yolanda Huamán Aquipucho, quienes vienen siendo investigados por presuntamente integrar una organización criminal.
Fiscalía también ha solicitado el impedimento de salida del país por ocho meses, caución y comparecencia con restricciones para las otras 25 personas que fueron detenidas preliminarmente el pasado 4 de noviembre en este megaoperativo realizado en Lima, Callao, La Libertad, Arequipa y Tacna.
De acuerdo con la fiscal provincial Lucía Lizana Segama, quien ingresó el pedido de prisión preventiva ante la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, habrían sido dos las modalidades utilizadas por esta presunta red criminal para cometer sus ilícitos: evasión del fisco y ajustes de pagos irregulares a empresas. Además, asegura existen funcionarios del Estado involucrados en esta organización.
"Lo que se investiga son estas dos modalidades: dejar de pagar tributos, es decir, evadir el fisco bajo una lista de importadores a los cuales se les exoneraba el pago de tributos. Y la otra modalidad es que a algunas empresas se les ajustaba el valor a pagar de acuerdo al pacto que hacían con un arreglo monetario de por medio", sostuvo.
"Lo que se les imputa es el delito de apropiación de rentas de aduanas con circunstancias agravantes. El hecho delictivo que venimos investigando es básicamente la exoneración del pago de tributos a una determinada lista de empresas y ajustarles el valor para subvaluar sus mercancías, básicamente textiles", indicó.