Fuerza Popular es incorporado como investigado por lavado de activos en el caso Alas Peruanas
El Poder Judicial incluyó a Fuerza Popular como persona jurídica investigada por presunto lavado de activos, a raíz de los aportes realizados por Joaquín Ramírez en las campañas de 2011 y 2016, vinculados al caso Alas Peruanas. La investigación fue solicitada por el Ministerio Público y marca una nueva etapa en el proceso penal contra el partido.

El Poder Judicial ha dispuesto incorporar formalmente al partido Fuerza Popular como persona jurídica en la investigación penal del caso “Alas Peruanas”, en una nueva etapa del proceso por presunto lavado de activos vinculado a los aportes realizados por Joaquín Ramírez durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016. La jueza Margarita Salcedo declaró fundado el pedido del Ministerio Público, presentado el 30 de abril de 2025, para incluir a la agrupación política en la investigación que se sigue contra Ramírez y otros implicados, decisión que fue oficializada mediante una resolución emitida el 15 de diciembre de 2025.
Según la tesis fiscal, Fuerza Popular habría recibido aportes de origen presuntamente ilícito provenientes de empresas vinculadas a Joaquín Ramírez y a operaciones comerciales irregulares relacionadas con la Universidad Alas Peruanas, institución dirigida por el tío de Ramírez, Fidel Ramírez Prado. La Fiscalía sostiene que estos recursos fueron canalizados hacia el partido con el objetivo de financiar actividades políticas y que, de llegar al poder, se habrían devuelto en beneficios personales o normativos favorables, como obras sobrevaluadas o beneficios tributarios a cooperativas y universidades privadas.
Durante la audiencia judicial, la defensa de Fuerza Popular se opuso al requerimiento fiscal argumentando la ausencia de una imputación concreta y el vencimiento del plazo de investigación, pero la jueza consideró que el pedido se presentó dentro del tiempo legal y que las demoras se debieron a recusaciones planteadas por los propios investigados. La resolución exige además que el partido designe un apoderado judicial en un plazo determinado para asegurar su participación procesal en el caso.