Gobierno aprueba nuevas medidas para enfrentar la extorsión digital en el país

El Estado peruano reforzará su capacidad para combatir la creciente ola de extorsiones digitales mediante un conjunto de medidas aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que serán ejecutadas por el Ministerio del Interior en coordinación con Osiptel, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Asbanc. El objetivo es cerrar brechas en el control del uso indebido de billeteras digitales y fortalecer los sistemas de detección, prevención y respuesta frente a operaciones vinculadas a la extorsión. 

Dichas medidas fueron adoptadas durante la cuarta sesión ordinaria del Conasec, encabezada en Cañete por el presidente de la República, José Jerí, junto al titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda. En este espacio se resaltó la urgencia de enfrentar las modalidades delictivas que se apoyan en plataformas digitales y en la manipulación de líneas telefónicas para cometer delitos financieros.

Entre las principales acciones anunciadas destaca el inicio de una campaña nacional orientada a fortalecer la protección de las cuentas digitales, ya que resulta imprescindible alertar a la ciudadanía frente a prácticas fraudulentas y accesos no autorizados que suelen facilitar la extorsión. Asimismo, el Ejecutivo presentará una propuesta normativa para incorporar las líneas telefónicas vinculadas a actividades extorsivas dentro del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad; por consiguiente, estas líneas podrán ser bloqueadas cuando se encuentren asociadas a billeteras digitales como Plin, Yape o BIM. A ello se suma un proyecto destinado a asegurar el pago íntegro de las multas impuestas por la venta ambulatoria de chips, actividad que, en muchos casos, permite el uso de líneas no identificadas y, por ende, favorece la comisión de delitos.

Paralelamente, Migraciones implementará —en alianza tecnológica con el Reniec— un sistema de verificación en línea con identificación biométrica de personas extranjeras, con el fin de reducir los riesgos relacionados con el empleo de documentos falsificados o la suplantación de identidad. Ahora bien, la Cancillería, junto con los sectores Interior, Justicia y Migraciones, también presentará una propuesta para modificar la Ley del Refugiado, por lo que se busca adecuar dicho marco legal a las exigencias actuales de la seguridad ciudadana. Esta iniciativa, además, incorpora la participación directa de Migraciones en la evaluación de solicitudes de refugio, reforzando así los mecanismos de control estatal.

En consecuencia, durante la sesión se aprobó también la creación de una Mesa de Trabajo Participativa encargada de revisar la metodología estadística utilizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en las encuestas de seguridad ciudadana. Esta mesa será presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros y contará con el apoyo técnico del Conasec, lo que permitirá mejorar la calidad y precisión de los datos que sirven de base para la formulación de políticas públicas.

La reunión reunió a ministros de diversos sectores y a representantes del Defensor del Pueblo, de los gobiernos regionales, de Osiptel, Migraciones, Asbanc, la Fiscalía de la Nación, la Municipalidad Metropolitana de Lima y Devida, además de los comandantes generales de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos. Todo ello evidencia que, sin embargo y no obstante las dificultades operativas que impone esta modalidad delictiva, la respuesta estatal debe construirse mediante una articulación multisectorial. Por consiguiente, el Gobierno busca consolidar una estrategia integral y coordinada que permita enfrentar una amenaza que, por su propia dinámica, se vuelve cada vez más compleja y desafiante.