Gobierno de Jerí cambia rumbo: apuesta por nuevos penales y deja atrás El Frontón

 El Gobierno de José Jerí anunció que no avanzará con la propuesta del ex ministro Juan José Santiváñez de reabrir el penal El Frontón —ubicado en la isla homónima frente al Callao— para alojar internos de alta peligrosidad. 

En una reciente declaración a la prensa, el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda sostuvo que la reconstrucción del penal resultaría “demasiado cara” y además poco práctica frente a otras opciones más viables. Mencionó que, con el presupuesto estimado para El Frontón, se podrían construir dos nuevos centros penitenciarios completos. 

Según distintas fuentes del sector penitenciario, el costo estimado de la obra —incluyendo demolición de antiguas infraestructuras, instalaciones de seguridad, transporte logístico en la isla y adecuaciones técnicas— podría rondar los S/ 5 000 millones. Asimismo, Álvarez señaló que ya se cuenta con un terrenos en Ica para levantar un nuevo penal, y que esa será una de las prioridades de su gestión frente al hacinamiento carcelario. “Ya tenemos el terreno para el de Ica; sólo hay que destrabar el proyecto y continuarlo”, afirmó. Por otra parte, el premier también se desmarcó de una segunda iniciativa que había sido impulsada por Santiváñez y la ex presidenta Dina Boluarte: la reedición de la pena de muerte para ciertos delitos de alta gravedad. Por consiguiente,  señaló que dicho mecanismo “no disuade a quien ya está comprometido en la delincuencia” y que en su lugar se aboga por “penas efectivas y procesos penales breves” como parte de una reforma judicial estructural. 

El proyecto original de reabrir El Frontón estaba justificado en la grave situación de sobrepoblación del sistema penitenciario peruano —con hacinamiento, deficiencias de infraestructura y altos costos operativos— y había sido presentado como una solución de urgencia. En agosto de 2025 Santiváñez anunciaba que el centro podría albergar unos 7 000 internos de alta peligrosidad, y ya se hablaba de demoler lo existente y construir desde cero en la isla. Sin embargo, el gobierno ahora lo descarta por la complejidad de la ubicación (una isla con acceso marítimo), los costos logísticos inherentes (seguridad, transporte, abastecimiento) y la vigencia de reclamos de derechos humanos vinculados a los sucesos históricos del penal: recordemos que en los años ochenta El Frontón fue escenario de un motín y una intervención estatal que dejó múltiples víctimas. 

La decisión del Ejecutivo se produce en un contexto de presión pública por la seguridad ciudadana: se han registrado 54 homicidios en lo que va del gobierno de Jerí, según la Sistema Nacional de Defensa Civil, lo que intensifica la exigencia de respuestas concretas.