López Aliaga propone retorno de “jueces sin rostro” y desata críticas del sistema judicial
Rafael López Aliaga planteó reinstaurar jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato, alegando inseguridad y corrupción en la administración de justicia. La propuesta generó amplio rechazo del Poder Judicial, el Ministerio Público y expertos en derecho, quienes recordaron que esta figura fue anulada por la Corte Interamericana por vulnerar el debido proceso.
El precandidato presidencial por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, puso sobre la mesa una propuesta polémica: instaurar “jueces sin rostro” para atender casos de extorsión y sicariato. Durante un evento en el distrito de Santa Anita, López Aliaga sostuvo que el sistema judicial requiere una reforma profunda, pues aseguró que “la Fiscalía está podrida” y propuso volver a tribunales anónimos para que los magistrados no teman a la delincuencia.
Esta iniciativa tiene resonancias directas con una práctica utilizada bajo la dictadura de Alberto Fujimori: tribunales especiales de justicia que deliberaban con magistrados cuya identidad no era pública. La propuesta generó inmediatamente rechazo de organismos institucionales como el Poder Judicial y el Ministerio Público, que recordaron los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, donde se determinó que la identidad oculta de los jueces vulneró el derecho de defensa. Por lo que, el jefe del Gabinete de Asesores, del Poder Judicial, manifestó que no están de acuerdo con la medida porque, según dijo, “ya tenemos antecedentes” sobre esa figura y añadió que no se puede garantizar la transparencia con jueces cuyo rostro no se revela. De igual forma, el fiscal superior del equipo de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada señaló que la experiencia pasada demostró que las sentencias dictadas por jueces anónimos fueron anuladas por tribunales internacionales.
Por otro lado, expertos en derecho penal advierten que la propuesta tiene graves implicancias para las garantías procesales mínimas. El abogado penalista Julio Espinoza calificó la iniciativa como “anónima, sin identidad, que terminaría trastocando la esencia de los procesos mínimos garantistas en pleno siglo XXI”. A su juicio, la medida más que una solución real al problema de la extorsión responde a una estrategia populista orientada a llamar la atención en la coyuntura electoral.
Históricamente, los jueces sin rostro en el Perú operaron entre los años 1992 y 1997, tras la promulgación del Decreto Ley N.º 25475 y antes de la derogación por la Ley N.º 26671. En ese periodo, la Corte Interamericana determinó que se había violado el derecho al debido proceso, en tanto no se respetó la independencia e identidad de los jueces.
En consecuencia, la propuesta de López Aliaga ha encendido un debate intenso sobre cómo combatir la criminalidad sin menoscabar los principios del sistema de justicia. A pesar del clima de inseguridad que enfrenta el país, los sectores judiciales y de derechos humanos advierten que la respuesta no puede implicar la supresión de garantías fundamentales sin generar un efecto contrario: la ineficiencia y la impugnación de los sentenciados.