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Nacional
31 de marzo de 2021

Mesa Directiva del Congreso pone fecha a la evaluación de la denuncia constitucional contra Edgar Alarcón

Mesa Directiva del Congreso fijó el 13 de abril como la fecha en que se revisará la denuncia constitucional contra Edgar Alarcón por enriquecimiento ilícito, después de haber prorrogado el debate por supuesta infección de COVID-19 de Alarcón.

Mesa Directiva del Congreso pone fecha a la evaluación de la denuncia constitucional contra Edgar Alarcón

Mesa Directiva del Congreso fijó el 13 de abril como la fecha en que se revisará la denuncia constitucional contra Edgar Alarcón por enriquecimiento ilícito, después de haber prorrogado el debate por supuesta infección de COVID-19 de Alarcón.

Como se recuerda, la fecha inicial para la discusión sobre la denuncia constitucional contra el parlamentario de UPP era el 10 de marzo, sin embargo, dos días antes de tal fecha, el legislador presentó los resultados positivos de una prueba de COVID-19. Se sospecha que estas dilaciones son una maniobra de Alarcón para evadir a la justicia, pues quiso presentarse este miércoles ante el Pleno para sustentar un informe contra Martín Vizcarra.

Además, este lunes 29 presentó otro certificado médico en el que su médico le prescribió otros 12 días de “descanso absoluto”. Debe tenerse bajo consideración que este martes 30 vencían los 21 días de su licencia por salud.

A pesar de ello, Alarcón envió un oficio a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, en el que señala que estaba dispuesto a presentarse el miércoles 31 ante el Pleno para sustentar el informe final en el caso Richard Swing, en el que está involucrado Martín Vizcarra.

Frente a esta situación, la parlamentaria Mirtha Vásquez, titular de la Mesa Directiva, decidió que el 13 de abril Alarcón debía sustentar no solo el informe “Richard Swing”, sino también que deberá responder por la Denuncia N.° 371. Así, el Pleno decidirá si se debe levantar el blindaje de Alarcón, que impide al Ministerio Público continuar con la investigación por enriquecimiento ilícito.


Fuente: La República