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Nacional
03 de marzo de 2020

Ministerio Público pide 9 años y 3 meses de prisión para ministra de la producción, quien se habría apropiado de S/ 177 279 del Estado

Fiscalía solicitó 9 años y tres meses de prisión, 487 días multa e inhabilitación para Rocío Barrios Alvarado, quien es acusada de peculado doloso por presuntamente apropiarse de dinero del Estado mediante la simulación de contratos para el mantenimiento de 40 vehículos de la Presidencia del Consejo de Ministros cuando laboraba en dicha institución

Ministerio Público pide 9 años y 3 meses de prisión para ministra de la producción, quien se habría apropiado de S/ 177 279 del Estado

La Fiscalía solicitó 9 años y tres meses de prisión, así como 487 días multa e inhabilitación para Rocío Barrios Alvarado, ministra de la producción, quien es acusada de peculado doloso por presuntamente haberse apropiado de dinero del Estado mediante la simulación de contratos para el mantenimiento de 40 vehículos de la Presidencia del Consejo de Ministros cuando era funcionaria de dicha institución.

A la ministra se le acusa de haber cometido peculado doloso por emitir la Resolución Directoral N.° 303-2014-PCM/OGA —cuando se desempeñaba como directora de la Oficina General de la Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros—, que autorizaba el pago de S/ 177 279.00 a las empresas Grupo Torres y Torres Luna SAC y Casa Importadora Andrea SAC, a sabiendas de que dichas empresas no brindaron el servicio de mantenimiento a los vehículos de la Presidencia del Consejo de Ministros, pues no había órdenes de servicio, ni constancias de conformidad de ellos, ni evidencia alguna de la realización de dichos servicios.

La acusación de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios además alcanza a Ángel Leonardo Cornejo Alejandro, Carlos Enrique Escalante Coca, Carmen Ruth Ibárcena Espinoza, Ángel Eulogio Portugal Vargas y Anthony Elías Torres Luna, quienes también habrían simulado contratos para apropiarse de dinero del Estado entre julio y diciembre del 2014.

Fuente: El Comercio