Ministerio Público solicita impedimento de salida del país para el director ejecutivo de Repsol Perú
Fiscalía solicitó impedimento de salida del país por 18 meses contra Jaime Fernández Cuesta, a fin de garantizar su presencia ante un posible proceso penal
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 18 meses contra el director ejecutivo de Repsol Perú, Jaime Fernández Cuesta, y otros tres funcionarios, con el propósito de garantizar la presencia de los implicados ante un eventual proceso penal por el derrame de petróleo en Ventanilla que ha dejado a muchas familias sin sustento, fauna muerta y daño al medio ambiente.
Según el documento presentado por el fiscal Ariel Tapia Gómez, ante la investigación preliminar, existe una presunta responsabilidad de riesgos y trasgresiones del ambiente que recae en Jaime Fernández Cuesta y los funcionarios Renzo Tejada Mackenzie, Gisela Posadas Jhong y José Reyes Ruíz.
“Es necesario ampliar la investigación por presuntos delitos de responsabilidad funcional pues un desastre de las magnitudes que se ha presentado obliga investigar preliminarmente la responsabilidad de la fiscalización administrativa de la Dirección General de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, el Osinergmin y del OEFA”, indicó.
Para evaluar la solicitud de impedimento de salida del país contra los presuntos responsables, el Poder Judicial programó una audiencia para este jueves a las 5.00 p. m.
Por otro lado, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, señaló que el nuevo derrame en la refinería La Pampilla será incorporado en la misma carpeta de investigación penal respecto al primer derrame. Agregó que, de manera preliminar, se conoce que sería a causa de las labores de limpieza del accidente inicial.
“Al parecer —y esta es una de las líneas de investigación de este nuevo hecho— es que, producto de la limpieza del ducto se ha escapado una cantidad significativa de petróleo nuevamente que vuelve a afectar las zonas que estaban de alguna u otra manera controlada a partir de la semana pasada. Creemos que es un nuevo hecho contaminante”, manifestó.
Por último, el procurador comentó que, desde el ámbito administrativo, las autoridades competentes ya “han tomado cartas en el asunto” para determinar las sanciones por este atentado medioambiental.