Organizaciones de derechos humanos sostienen que la salida del juez Ordóñez sería una represalia por su participación ante la CIDH.
Las dos organizaciones exhortan a dejar sin efecto la decisión adoptada por la Junta Nacional de Justicia y a asegurar la protección de los derechos judiciales.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Fundación para el Debido Proceso cuestionaron la decisión de la Junta Nacional de Justicia de no ratificar al juez Oswaldo Ordóñez, al considerar que la medida constituiría una represalia por su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde expuso presuntas afectaciones a la independencia judicial en el Perú.
Las organizaciones indicaron que previamente se abrió una investigación disciplinaria en su contra a raíz de una denuncia presentada por una congresista, basada en las declaraciones que el magistrado brindó durante una audiencia pública sobre la situación del sistema judicial. Posteriormente, dichos hechos fueron incorporados a su proceso de ratificación.
Asimismo, sostuvieron que la decisión de la JNJ contraviene estándares internacionales de protección, especialmente aquellos que reconocen el derecho de los jueces a acudir a organismos internacionales sin temor a sanciones. Advirtieron también que esta medida podría generar un efecto disuasivo en otros magistrados.
Del mismo modo, remarcaron que el caso de Ordóñez reflejaría un contexto más amplio de cuestionamientos a la autonomía judicial en el país. Según señalaron, sancionar a un juez por recurrir al sistema interamericano afecta garantías fundamentales y compromisos asumidos por el Estado peruano.
Finalmente, exhortaron a las autoridades a reconsiderar la decisión y asegurar la restitución de los derechos del magistrado, recordando que los estándares internacionales reconocen el derecho a una revisión judicial de las decisiones que incidan en la permanencia de operadores de justicia en sus cargos.