PJ admite a trámite habeas corpus para entrega de salvoconducto a Betssy Chávez

El Poder Judicial, mediante el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia, admitió a trámite una demanda de habeas corpus que solicita la emisión inmediata de un salvoconducto a favor de la exministra Betssy Chávez, con el objetivo de que pueda trasladarse a México y continuar con el asilo diplomático. Chávez permanece en la Embajada de México desde el 3 de noviembre, pese a haber sido sentenciada por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en 2022.

El recurso fue presentado por el ciudadano Rubén Serpa Valdez y, además del salvoconducto, pide que se declare la existencia de una amenaza cierta, real y grave contra la inviolabilidad de la sede diplomática. En ese sentido, se solicita que ninguna autoridad del Estado —incluidos el presidente de la República, la Policía Nacional, el Ministerio Público o el propio Poder Judicial— pueda ingresar de manera forzada, realizar allanamientos, requisar o intervenir la Embajada de México.

Asimismo, la demanda requiere que se ordene al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional abstenerse de cualquier acción material orientada al ingreso, detención o intervención dentro de la residencia diplomática. También se solicita la adopción de medidas de protección y cautelares urgentes que garanticen la seguridad del recinto, así como la abstención de actos de hostigamiento.

Cabe precisar que el habeas corpus fue interpuesto contra el presidente José Jerí, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Cancillería, el Ministerio Público y el Poder Judicial, consignándose igualmente a la Embajada de México como sujeto beneficiado por la acción constitucional.

Según lo expuesto en la resolución judicial, la demanda se fundamenta en presuntas declaraciones públicas del presidente Jerí, quien habría planteado la posibilidad de ingresar con fuerza pública a la Embajada de México, ubicada en Lima, en el marco del cumplimiento de un mandato judicial de prisión preventiva contra Betssy Chávez.

El demandante sostiene que tales manifestaciones configurarían una amenaza real, concreta e inminente, contraria a las disposiciones de la Convención de Viena. De igual modo, se advierte que cualquier ingreso forzoso a una sede diplomática extranjera constituiría una ejecución indebida de una resolución judicial y podría derivar en una violación del derecho internacional, generando responsabilidad internacional para el Estado peruano.

En atención a esto, el Poder Judicial dispuso correr traslado de la demanda a la Procuraduría de la PCM, la Cancillería, el Ministerio Público y el propio Poder Judicial, a fin de que presenten sus respectivos descargos en un plazo de tres días.