Poder Judicial dispone juicio oral contra Roberto Sánchez por presuntas irregularidades en financiamiento partidario
El Poder Judicial ordenó que Roberto Sánchez Palomino afronte juicio oral por presuntas irregularidades en el reporte de aportes económicos a la ONPE. La Fiscalía sostiene que más de S/204 mil no fueron declarados oficialmente y solicita una condena de cinco años y cuatro meses de prisión, además de su inhabilitación para ejercer cargos políticos.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso que el proceso penal seguido contra Roberto Sánchez Palomino continúe hacia la etapa de juicio oral, tras emitir el respectivo auto de enjuiciamiento y declarar válida la relación jurídica procesal del caso.
La decisión fue adoptada por el juez Adolfo Farfán en el marco de la investigación por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información relacionada con los aportes reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Según la acusación fiscal, la agrupación política liderada por Sánchez informó en 2019 que no recibió contribuciones económicas. Sin embargo, las investigaciones de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María habrían determinado la omisión de aproximadamente S/204,951.36 en los reportes oficiales presentados al organismo electoral. De acuerdo con el Ministerio Público, estos recursos habrían sido canalizados a través de una cuenta bancaria no registrada oficialmente por la organización política, la cual habría sido abierta por William Sánchez Palomino, hermano del investigado.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que el uso de dicha cuenta habría dificultado las labores de supervisión y control de los fondos partidarios, afectando la transparencia respecto al origen y destino de los recursos económicos empleados por la agrupación.
Como parte de su requerimiento acusatorio, el Ministerio Público solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva para Roberto Sánchez, además de su inhabilitación para ejercer la presidencia de su partido político o desempeñar cargos de representación pública.