Poder Judicial rechaza recurso de Martín Vizcarra y ratifica que seguirá juicio por corrupción en Moquegua

El Poder Judicial del Perú declaró infundado el recurso presentado por la defensa del expresidente Martín Vizcarra, que buscaba anular el inicio del juicio oral en su contra por los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua”. Con esta decisión, adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez San Martín Castro, el proceso penal contra el exmandatario continuará su curso en el sistema anticorrupción.

Vizcarra, quien fue gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014, está acusado de haber recibido sobornos superiores a los dos millones de soles de las empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA. Según la hipótesis fiscal, dichas compañías fueron favorecidas con la adjudicación de los proyectos de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua, obras ejecutadas durante su gestión regional. En ese sentido, la defensa del expresidente argumentó que el proceso vulneraba el derecho al debido proceso y el principio de non bis in idem, al sostener que se pretendía juzgarlo dos veces por los mismos hechos. No obstante, el tribunal desestimó dichos argumentos al considerar que el recurso de casación no podía emplearse para reabrir cuestiones ya resueltas en etapas previas del proceso. Además, la Corte señaló que la solicitud de anulación fue presentada de manera extemporánea, tres meses después de haberse dictado el auto de enjuiciamiento, lo que infringía los principios de preclusión y economía procesal establecidos en el Código Procesal Penal.

Con esta resolución, Vizcarra deberá continuar afrontando el juicio oral, en el cual el Ministerio Público ha solicitado una condena de hasta quince años de prisión por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y colusión simple. La decisión judicial representa un revés significativo para el exmandatario, quien actualmente busca mantener presencia política a través del partido Perú Primero, donde figura como precandidato a la primera vicepresidencia para las elecciones generales de 2026. Asimismo, la resolución envía un mensaje claro sobre la firmeza del Poder Judicial frente a intentos de dilatar o invalidar procesos por corrupción de alto nivel.