Poder Judicial rechazó suspender actividades de Fuerza Popular

El juez Víctor Zúñiga Urday declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez para suspender las actividades políticas de Fuerza Popular de cara a los comicios del 2021. En cambio, ordenó la vigilancia judicial de dicha organización.

Si bien el juez consideró que existen suficientes elementos probatorios de la comisión del lavado de activos al interior de Fuerza Popular, que fue utilizada para facilitarlo, favorecerlo o encubrirlo, y que existe la necesidad de poner término a la permanencia o prolongación de los efectos de dicho delito, también estimó que no hay peligro concreto de que a través del partido se obstaculizará la investigación ni de que se volverá a cometer el delito de lavado de activos.

Para el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria la Fiscalía no habría logrado demostrar la actualidad del peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad en el marco de la organización criminal paralela que se habría enquistado en el partido político Fuerza Popular.

El juez señaló que si bien existen “patrones de comportamiento anteriores de la persona jurídica a través de sus miembros podrían generar un peligro concreto respecto de que se pretendería obstaculizar la averiguación de la verdad”, en la actualidad ese peligro, en el marco de la persona jurídica, no es real, pues han “transcurrido diez meses desde los últimos hechos que el Ministerio Público alega se habrían producido los actos de obstrucción”.

Por otra parte, el Cuarto Juzgado también desestimó que la continua militancia de los investigados en el partido político Fuerza Popular, la cantidad de deudas y falta de transparencia en los recursos sean evidencia de que existe un peligro concreto de que se continuará cometiendo el delito de lavado de activos. Ello porque el Ministerio Público no ha sustentado ni presentado ningún indicio actual que corrobore que los recursos que continúa recibiendo Fuerza Popular para su actual campaña electoral serían de una fuente ilícita.

Así pues, señaló que “la sola calidad de deudor no permite inferir razonablemente que se volverá a cometer el delito” de lavado de activos. Tampoco la permanencia de los investigados en el partido político Fuerza Popular es un indicio de que los recursos obtenidos en la actual campaña electoral tienen fuente presuntamente ilícita, especialmente porque algunos de los investigados cumplen con medidas de coerción procesal.

Finalmente, el juez concluyó que la medida de suspensión de actividades políticas de Fuerza Popular, si se entiende a estas como la participación del partido político en el proceso electoral del 2021, es desproporcionada.

Primero, porque con ello se estarían afectando los derechos de los militantes del partido que no habrían estado involucrados en la presunta comisión del lavado de activos, es decir, “implicaría afectar el derecho de participación política de estas personas sin un motivo que justifique esta restricción”, toda vez que la presunta organización criminal es un ente distinto y paralelo a la personalidad jurídica de un partido político.

Segundo, porque no existen indicios de que dicha presunta organización criminal continúe utilizando al partido para obstaculizar la investigación ni para cometer el delito de lavado de activos.

Tercero, porque existe una medida igual de idónea que permitiría poner término a la permanencia o prolongación de los efectos lesivos del presunto delito de lavado de activos en el presente caso sin causar tanto perjuicio: el sometimiento a vigilancia judicial.

Así pues, por el plazo de dos años, Fuerza Popular deberá informar periódicamente, cada 15 días, al Juzgado sobre sus deudas, recursos y el financiamiento de su campaña.

Según la tesis fiscal, Keiko Fujimori, quien lideraría una organización criminal en el interior de Fuerza Popular, habría recibido aportes ilícitos de Odebrecht y otros para sus campañas electorales del 2011 y 2016 y habría utilizado la estructura de Fuerza Popular para cometer el delito de lavado de activos. Entonces, con la participación del referido partido político en los actuales comicios, se correría el riesgo de que dicho ilícito se vuelva a cometer, motivo por el cual el fiscal José Domingo Pérez solicitó la suspensión de actividades políticas de Fuerza Popular.