Poder Judicial reemplazó prisión preventiva por arresto domiciliario para Luis Castañeda Lossio
El Poder Judicial revocó la prisión preventiva a Luis Castañeda Lossio. En cambio, le impuso la medida de detención domiciliaria por 24 meses, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos agravado.

El Poder Judicial revocó la prisión preventiva a Luis Castañeda Lossio. En cambio, le impuso la medida de detención domiciliaria por 24 meses, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos agravado.
La Sala Penal de Apelaciones acogió el pedido del exburgomaestre de variación de la medida de prisión preventiva por la de detención domiciliaria. En tal sentido la Sala impuso a Castañeda 24 meses de detención domiciliaria, condicionada al pago de una caución de S/ 100 000, que deberá abonar en un plazo de 72 horas.
Asimismo, se impuso a Castañeda las prohibiciones de comunicarse con sus coimputados o testigos, de brindar declaraciones a la prensa por el caso que se le sigue y de realizar actividad política.
En lo tocante a José Luna Gálvez la Sala confirmó el monto de la caución que deberá pagar: S/ 500 000. Mientras que redujo a S/ 20 000 la caución de Giselle Zegarra. Ambos también son investigados.
Respecto a los motivos de la decisión, la Sala confirmó que Castañeda cumplía con los presupuestos de la prisión preventiva: gravedad de los hechos y obstaculización de la justicia. No obstante, señaló que no se habría valorado adecuadamente la documentación sobre el estado de salud del exalcalde metropolitano. Así, la Sala concluyó que existen diagnósticos médicos emitidos por centros de salud del Estado (Incor y Almenara) que prueban los padecimientos del investigado, por lo que declaró fundada su pretensión.
Recuérdese que Castañeda es investigado por presuntamente haber recibido USD 480 000 de OAS y entre USD 100 000 y USD 120 000 de Odebrecht para su campaña electoral del 2014, a cambio de favorecer a estas empresas en el proyecto Línea Amarilla.