Presentan denuncian constitucional contra Manuel Merino y sus exministros
La Fiscalía de la Nación los acusa de homicidio doloso y lesiones leves y graves. Pudieron prevenir la respuesta violenta en las marchas ciudadanas, pero no lo hicieron.
El exmandatario Manuel Merino de Lama, el exprimer ministro Ántero Flores Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez deberán responder ante la justicia por las muertes de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez y las diversas lesiones ocasionadas a 78 personas que ejercían su derecho a la protesta el pasado noviembre del 2020.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra los mencionados exfuncionarios ante el Congreso de la República por los delitos de homicidio, lesiones graves y lesiones leves a título de dolo eventual.
Para la Fiscalía de la Nación, Merino, Flores Aráoz y Rodríguez incumplieron con su deber constitucional de proteger la vida y la integridad física de las personas que participaban en las movilizaciones de noviembre del 2020.
Asimismo, Zoraida Ávalos considera que no adoptaron las medidas necesarias para controlar el uso de la fuerza policial, pues terminó siendo desproporcionada. Por ello, los denunciados habrían actuado con dolo eventual, ya que desde que asumieron funciones conocían de las manifestación sociales que se presentaban en nuestro país, porque estas eran transmitidas por los medios de comunicación.
“Para decirlo en término más directos, tenían la capacidad y estaban en la posibilidad de evitar los resultados, pero no lo hicieron; es decir, decidieron no evitarlos pese a que tenían el deber constitucional y legal de hacerlo como garantes de los derechos ciudadanos”, se señala en la denuncia presentada ante el Parlamento.
La Fiscalía agrega que “no se dispuso medidas para controlar ni mitigar dichas acciones y, por el contrario, se permitió se prosiga con las mismas, lo que conllevó como resultado dos personas fallecidas y 78 ciudadanos identificados a la fecha con lesiones graves y leves, quienes participaron en dichas movilizaciones sociales”
Respecto a la denuncia, según nuestra legislación, le corresponde al Congreso autorizar su procesamiento ante el Poder Judicial.