Susana Villarán afronta juicio por presunta red criminal y millonarios pagos de constructoras

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta un juicio emblemático por corrupción en el marco del caso Lava Jato. La Fiscalía sostiene que la exburgomaestre lideró una presunta organización criminal que habría recibido más de 11 millones de dólares de las constructoras Odebrecht, OAS y Graña y Montero, a cambio de concesiones, contratos y la firma de una adenda que favoreció a las empresas brasileñas.

En consecuencia, el Ministerio Público ha solicitado 29 años de prisión para Villarán, bajo los cargos de colusión, lavado de activos, organización criminal y falsedad. Según la acusación, Odebrecht habría aportado 4,1 millones de dólares, OAS otros 7 millones y Graña y Montero 200 mil dólares. Estos fondos habrían sido canalizados mediante contratos simulados, pagos al publicista brasileño Valdemir Garreta, transferencias bancarias, cheques y entregas en efectivo, con el objetivo de financiar campañas políticas vinculadas a la revocatoria y la reelección de la exalcaldesa.

Uno de los episodios más controvertidos del caso es la firma de una adenda al contrato de concesión de la Línea Amarilla, suscrita en febrero de 2013, en pleno proceso de revocatoria. Dicha modificación extendió el plazo de la concesión hasta 40 años, eliminó el compromiso de construir un tramo del Metropolitano y permitió a la empresa OAS obtener mayores beneficios económicos. La Fiscalía sostiene que, a cambio, la constructora brasileña entregó al menos tres millones de dólares que fueron distribuidos entre los involucrados. Sin embargo, la exalcaldesa negó tajantemente las acusaciones, pues a la salida de la audiencia, declaró que la pretensión fiscal busca condenarla “por no haberse sometido a determinados poderes” y aseguró que su defensa demostrará la inconsistencia de los cargos; asimismo, admitió haber recibido aportes de las constructoras, pero insistió en que estos no estuvieron vinculados a decisiones de su gestión ni alcanzaron las cifras atribuidas por la Fiscalía.

Por su parte, la Procuraduría del caso Lava Jato, que se ha sumado a la acusación, ha postergado para una audiencia posterior la exposición sobre la reparación civil que deberá afrontar la exburgomaestre en caso de ser hallada culpable. En tanto, la siguiente sesión del juicio ha sido programada para el 6 de octubre, fecha en la que la defensa de Villarán presentará sus alegatos de apertura; mientras tanto, el fiscal José Domingo Pérez, encargado de sustentar la acusación, cuenta con el respaldo de la Fiscalía de la Nación interina, que ha calificado como “irrazonable” e “impertinente” cualquier intento de apartarlo del proceso. Este caso —que concentra la atención pública— podría convertirse en uno de los fallos más trascendentes de los últimos años en materia de lucha contra la corrupción política en el Perú.