Tomás Gálvez impulsa cambios profundos en la Fiscalía en plena crisis institucional
El fiscal interino Tomás Gálvez realizó remociones y nuevas designaciones que afectan investigaciones sensibles como Lava Jato y Cuellos Blancos, generando preocupación por el impacto en la independencia del Ministerio Público.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, aprobó una serie de designaciones y remociones al interior del Ministerio Público, en medio de una crisis institucional que ha generado fuertes cuestionamientos. Entre los cambios más relevantes figura la salida de la fiscal superior Elizabeth Peralta de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Lavado de Activos, luego de que el Poder Judicial ordenara prisión preventiva en su contra por el caso “Chibolín”.
Asimismo, el fiscal Germán Juárez Atoche —quien lideraba desde hace años el equipo especial del caso Lava Jato— fue retirado de ese grupo y reasignado como fiscal superior provisional. Aunque este traslado representa un ascenso funcional, lo aparta de las investigaciones de mayor impacto que siguió durante años.
Por otro lado, Gálvez removió al fiscal Juan Paúl Ramos Navarro, que investigaba parte del caso Cuellos Blancos del Puerto —una indagación en la que también figura Gálvez entre los investigados—, y designó en su reemplazo al fiscal superior Iván Vladimir Melgar Cáceres, quien registra comunicaciones telefónicas con exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) vinculados a dicho caso.
Los movimientos ordenados por Gálvez no se limitaron a estos casos emblemáticos; fueron también afectados cargos en fiscalías provinciales y especializadas: por ejemplo, la fiscal provincial adjunta Sandra Vanessa Tamara Ramírez fue trasladada al despacho especializado contra la criminalidad organizada del Callao; mientras que otro fiscal fue asignado provisionalmente a la Fiscalía Corporativa de Ventanilla, y varios fiscales fueron reasignados a despachos en regiones como Piura y Ayacucho.
Según fuentes institucionales, los cambios responden a “necesidades del servicio”. Sin embargo, dada la gravedad de las causas que se ven afectadas —corrupción, crimen organizado, redes de influencia— estos movimientos generan una ola de desconfianza pública sobre el manejo de la institución bajo la gestión de Tomás Gálvez.