Aspectos básicos del proceso de extinción de dominio

[pp. 177-206]

Percy García Cavero

Univ.

Abogado por la Universidad de Lima, Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España), cuenta con un Post Doctorado en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn (Alemania).

Con diversas estancias de investigación en la Universidad de Navarra – España, Universidad de Bonn – Alemania y Universidad Pompeu Fabra de Barcelona – España. Dentro de su experiencia académica y universitaria ha sido Profesor Ayudante de Derecho penal en la facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Es profesor visitante de la Maestría en Derecho de la Empresa y licenciatura de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, ha sido Decano y es actualmente Profesor Ordinario Principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, y hasta el 2007 fue Director de la Maestría en Derecho de la Universidad de Piura, es Profesor de la Especialización de Derecho penal de la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina), Profesor del Instituto de Criminología de la Universidad de Guayaquil (Ecuador), Profesor de la cátedra Latinoamericana de Derecho penal de la Universidad del Externado de Bogotá (Colombia), Profesor de la Maestría en Derecho penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Profesor asociado de la Academia de la Magistratura.

Es autor de libros como “Lecciones de Derecho penal” (Grijley), “Derecho Penal Económico Parte General” (Grijley) y “La prueba por indicios en el proceso penal” (Grijley).

Sumario

1. Introducción.— 2. Elementos materiales.— 2.1. Bien patrimonial.—
2.2. La actividad ilícita.— 2.3. Nexo de relación.— 3. Contornos procesales.— 3.1. Autonomía.— 3.2. Carácter real.— 3.3. Patrimonialidad.— 4. Aspectos probatorios.— 5. Los terceros.— 6. Referencias.

Resumen

El autor aclara las cuestiones problemáticas surgidas en torno a los aspectos fundamentales de la extinción de dominio. Así, por ejemplo, explica por qué las actividades ilícitas a las que se refiere la LED deben ser necesariamente injustos penales; cuáles son los alcances de la autonomía del proceso de extinción de dominio respecto a una sentencia absolutoria penal; qué estándar probatorio se utiliza en el proceso de extinción de dominio; quién es considerado tercero en este proceso; los alcances de la debida diligencia del adquiriente de un bien para acreditar que actuó de buena fe; etc.

Palabras clave: extinción de dominio, actividad ilícita, injusto penal, autonomía, prueba preponderante, tercero de buena fe, buena fe cualificada

Fundamento legal: arts. I, II, III, 1, 3, 7, 23, 26, 28 y 31 del D. Leg. N.º 1373; arts. 7, 8, 9 y 66 del Reglamento de la LED; arts. 1, 12, 17 y 32 de la Ley Modelo de Extinción de Dominio.

Recibido: 2-3-24

Aprobado: 8-3-24

Publicado en línea: 2-4-24

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Percy García Cavero

Aspectos básicos del proceso de extinción de dominio

Número 117 • Marzo 2024 • pp. 177-206

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Referencias Bibliográficas

1.
Destaca, por ello, Santander Abril (2021) que más que un procedimiento especial es un instituto de derecho sustancial (p. 203). Volver
2.
Sobre las particularidades de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de la UNODC, véase Rosas Castañeda, 2021, p. 57 y ss. Volver
3.
Introducción a la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio, Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), abril del 2011. Volver
4.
Sobre la compatibilidad de la extinción de dominio con el reconocimiento constitucional del derecho a la propiedad, véase Rosas Castañeda, 2021, p. 201 y ss. Volver
5.
Sobre la nulidad ab initio en la extinción de dominio, véase Rosas Castañeda, 2021, p. 266 y ss. Volver
15.
Sostiene Aguirre Naupuri (2023b) que esta autonomía procesal alcanza también a los procedimientos administrativos (aduaneros, tributarios, etc.) (p. 28). Volver
16.
La naturaleza procesal de la autonomía del proceso de extinción de dominio se hace patente, por lo demás, en la exposición de motivos del D. Leg. N.º 1373, Ley de Extinción de Dominio, en donde de manera expresa se hace referencia a una “autonomía procesal”. Volver
17.
Esta observancia de la cosa juzgada en la regulación nacional de la extinción de dominio se corresponde con lo establecido en la Ley Modelo de Extinción de Dominio de las Naciones Unidas, que, de manera también clara, dispone lo siguiente en su artículo 12: “Cosa juzgada. El afectado podrá acreditar que se ha dictado una sentencia favorable que tiene el efecto de cosa juzgada por identidad de sujetos, objeto y causa”. Volver
18.
Jiménez Niño (2023) destaca que, en estos casos, la resolución firme debe ser de otro proceso de extinción de dominio (p. 68). Volver
19.
Aguirre Naupuri (2023b) admite la posibilidad de una cosa juzgada en procesos de naturaleza distinta, en la medida que haya “similar fundamento” (p. 55). Volver
7.
En este sentido, Oliva Blázquez (2019) precisa que, desde el punto de vista jurídico, el bien patrimonial debe reunir dos características: poder ser objeto de apropiación y tener un valor económico (p. 17). Volver
20.
Así, explícitamente la posición de la Corte Suprema expresada en la Casación N.° 1408-2017 Puno: “Es más, en la extinción de dominio se ataca el patrimonio obtenido ilícitamente y no a la persona que lo obtuvo (considerando decimosexto). Sobre el mismo parecer de los tribunales colombianos de extinción de dominio, Tobar Torres (2014) señala: “De este modo, la acción de extinción de dominio lejos de ser una acción de naturaleza penal, es una acción real en tanto que no persigue a la persona, sino a la cosa misma, a los bienes que provienen de actividades delictivas o que se han empleado como medios o instrumentos para la realización de las mismas” (p. 22). Volver
8.
Gálvez Villegas y Delgado Tovar (2013) incluyen tanto a los bienes corporales como a los incorporales, ya con la regulación anterior (p. 149). Volver
21.
A favor de la naturaleza civil, García Cavero, 2022, p. 791. De una naturaleza sui generis hablan Blanco Cordero, 2012, p. 340; Herrera Guerrero, 2019, p. 119. Volver
9.
Así, críticamente, García Cavero, 2023, p. 14. Volver
22.
Conforme al artículo 67 de la LED, la sentencia en este caso es declarativa (respecto a la ilicitud del origen o el destino del bien patrimonial) y constitutiva (respecto a que los derechos y bienes pasan a titularidad del Estado). Volver
10.
Destaca este objetivo de política criminal de la extinción de dominio: Rosas Castañeda, 2021, p. 256 y s. Volver
23.
Destacan la declaración de derechos patrimoniales del Estado sobre los bienes: Gálvez Villegas y Delgado Tovar, 2013, p. 133. Volver
24.
En similar sentido, Solano Yauri (2023) señala: “En caso de incremento patrimonial no justificado, elementos que permitan considerar razonable que dicho incremento proviene de actividades ilícitas” (p. 238). Volver
11.
Con base en esta distinción de supuestos, Santander Abril (2021) clasifica las causales de procedencia en causales de relación directa y causales de relación indirecta (p. 218). Volver
25.
Herrera Guerrero y Mendoza Llamacponcca (2021) sostienen que es de aplicación aquí el principio de “presunción de licitud de los bienes” (p. 449 y ss.). Sobre la presunción de licitud que rige en los procesos de extinción de dominio, véanse: Santander Abril, 2021, p. 233; Aguirre Naupuri, 2023b, p. 39. Volver
12.
Santander Abril (2021) reconoce a este presupuesto de procedencia como un caso de destinación ilícita, por lo que le alcanza los mismos límites que el presupuesto de procedencia de los instrumentos (p. 251). Volver
13.
De otro parecer es Arroyo Decena, 2023, p. 83. Volver
26.
Así, críticamente ante esta interpretación de la carga probatoria en los procesos de extinción de dominio, Vargas González, 2021, p. 144 y ss. Volver
27.
En igual sentido, Rosas Castañeda, 2021, p. 478 y ss.; Rojas Cruz, 2020, p. 189 y ss.; Herrera Guerrero y Mendoza Llamacponcca, 2021, p. 457 y s.; Solano Yauri, 2023, p. 243. Volver
14.
No obstante, Aguirre Naupari (2023a) alude a varias decisiones del sistema especializado que descartan la exigencia de una peligrosidad del instrumento (p. 236 y ss.). El argumento de estas decisiones es correcto, en el sentido de que a la extinción de dominio no se le puede aplicar la exigencia de la peligrosidad del decomiso, que es una medida distinta. Pero no es correcto en cuanto a desconocer que la exigencia de la propia normativa de extinción de dominio es el destino ilícito y no el simple uso ilícito en el pasado. Volver
28.
Que el propietario requerido pueda defenderse alegando haber adoptado medidas razonables para impedir que su bien sea usado delictivamente por otro no significa que se trate de la buena fe del tercero (como parece entenderlo Salas Bustinza, 2023, p. 171 y ss.), sino de la falta de un destino ilícito del bien por parte de su propietario. Volver
29.
Sobre ambas clases de buena fe, véase Luján Túpez, 2019, p. 268 y s. Volver
30.
El Tribunal Constitucional peruano, en la STC Exp. N.º 18-2015-PI/TC, ha admitido que se pueda establecer este estándar especial en el caso de bienes relacionados con actividades delictivas. Volver
31.
Resaltan, por ello, Gálvez Villegas y Delgado Tovar (2013) que el juez debe notificar la demanda a todas las personas que figuren como titulares de derechos reales principales y accesorios (p. 251 y s.). En esa misma línea, Herrera Guerrero y Mendoza Llamacponcca (2021) ponen de manifiesto que el derecho de defensa debe alcanzar al requerido y a los terceros con interés (p. 458 y s.). Volver
32.
Aguirre Naupari (2023a) señala expresamente que la notificación se le debe hacer también a los terceros (p. 459). Volver
33.
Así, Aguirre Naupari (2023a, p. 116), trayendo a colación lo desarrollado al respecto por la UNODC; Salas Bustinza, 2023, p. 166 y s. Volver

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