Resumen

El autor analiza el modelo del proceso penal regulado en el Código Procesal Penal 2004 (D. Leg. 957) a partir de lo que se ha denominado Programa Procesal Penal de la Constitución, es así que inicia su estudio, fundamentando la relación actual e inescindible entre el proceso penal y la Constitución Política; dado que la vinculación nace del modelo de Estado democrático, que exige un sistema de persecución penal respetuoso de las garantías derivadas de la dignidad del imputado.

Ello –señala el autor– responde al fenómeno de constitucionalización del proceso penal, que bajo raíces eurocontinentales, se puede ubicar desde la Revolución Francesa, así como en la Constitución de Cádiz de 1812; luego de ello, procede a analizar los principios y garantías centrales del sistema acusatorio, como son el principio acusatorio, la oralidad, publicidad, resaltando la defensa, como elemento central del sistema, a tal punto que en caso de ausencia, afirma que estaríamos ante una pantomima de proceso; finalmente concluye que las bases constitucionales vinculadas al proceso penal, son un bloque que impiden cambios irracionales de la legislación procesal ordinaria.

CONTEXTO NORMATIVO

• Constitución Política del Perú: Arts. 1º, 138º, 139º.4, 139º.14, 139º.16, 143º, 158º y 159º

1. Introducción

En las líneas que siguen, intentamos describir y explicar cuál es el tipo de proceso penal que emerge de la Constitución Política del Estado. Podría pensarse que la asunción del modelo acusatorio por el Código Procesal Penal de 2004, actualmente en plena vigencia en Huaura, La Libertad, Moguegua, Tacna y Arequipa, proviene únicamente de esquemas histórico-doctrinarios recogidos y asumidos por el legislador siguiendo los impulsos de la reforma procesal que recorre el ámbito latinoamericano, sin vinculación con el desarrollo programático de nuestra Ley Fundamental. Nada más alejado de la…