El Especial del mes del número 100 de Actualidad Penal se titula: “La determinación de la pena en el Estado constitucional de derecho”.

En nuestro Especial del mes, Iván Pedro Guevara Vásquez, maestro en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, estudia la determinación judicial de la pena concreta en el garantismo y desarrolla un procedimiento para cuantificar el tipo subjetivo; y Yoncen Muñoz Ayora, abogado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, proporciona criterios para determinar el extremo mínimo de la pena en el delito de robo agravado, a raíz de la sentencia del Exp. N.º 00413-2021-PHC/TC, que dispone la inaplicación de la pena mínima del referido delito por ser desproporcionada.

En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Jorge B. Hugo Álvarez, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza la situación actual de la culpabilidad, como elemento relevante del delito, y su lado más significativo, esto es, el juicio de reprochabilidad.

En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Rosario Isabel Quico Palomino, abogada por la Universidad Privada de Tacna, argumenta en favor de la interpretación del elemento “debía presumir” del delito de lavado de activos como una forma de comisión a título de dolo eventual, con base en el fundamento político-criminal del mencionado tipo penal, así como en su evolución histórica en la legislación nacional.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, Jesús María González García, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, estudia, desde la experiencia española, la compleja relación entre el interés de la investigación y el derecho fundamental a la información, a raíz del Proyecto de Ley N.º 2508/2021- PE, presentado por nuestro Poder Ejecutivo, que busca castigar con pena de prisión a quien difunda información reservada de la investigación preparatoria del proceso penal; Max Alessandro Castro Huamán, abogado por la Universidad Nacional de Huancavelica, resuelve las principales interrogantes que se presentan al recibir la declaración de uno de los imputados en una investigación por hechos conexos ante distintos despachos y carpetas fiscales; y Héctor Paz Solano, con maestría internacional en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Fraude Fiscal y Compliance por la Universidad Santiago de Compostela (España), evalúa las consecuencias de la promulgación del Proyecto de Ley N.° 6623-2020-CR, que pretende modificar aspectos de la actual regulación del proceso de colaboración eficaz, y toma una postura respecto a si en realidad constituye un mecanismo de solución idónea, considerando el contexto vigente.

En la sección de Derecho Penal Constitucional, Iván Moisés Campos de la Rosa, abogado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, examina, con base en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales, la línea jurisprudencial que ha optado por la aplicación de la condena del absuelto en el Perú; y Rudy Santiago Guzmán Fiestas, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza la relación de la dúplica de plazo para los casos en donde exista una causal de interrupción con el principio de plazo razonable del proceso, el derecho a la debida motivación, la seguridad jurídica y el principio constitucional de lucha contra la corrupción, ante la ausencia de una doctrina jurisprudencial uniforme respecto a dicha figura, a fin de determinar la postura más adecuada.

Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial sobre determinados asuntos de coyuntura:

Derecho Penal General

— Cas. N.° 207-2021 Ica, que trata sobre la excepción a la revocación de la suspensión de la pena cuando el sentenciado acredita que no puede pagar la pensión alimentaria o que lo está haciendo de modo fraccionado.

Derecho Penal Especial

— Cas. N.° 1978-2019 Huaura, que analiza la intención del agente para descartar el delito de tocamientos indebidos.

Derecho Procesal Penal

— Cas. N.° 291-2020 Piura, que trata sobre el inicio del cómputo del plazo del periodo de prueba en la suspensión de la ejecución de la pena.

Derecho Penal Constitucional

— Exp. N.° 2771-2019-PHC Junín, que establece que la gravedad del delito es insuficiente para sustentar por sí sola la prisión preventiva.

Jurisprudencia relevante

En esta oportunidad, presentamos tres pronunciamientos relevantes en torno al beneficio de reducción de la pena: a) la Cas N.° 490-2019 Arequipa, sobre la reducción de la pena por conclusión anticipada en delitos contra la libertad sexual y la forma de aplicación de dicho beneficio en casos de cadena perpetua; b) la Cas. N.° 1997-2019 Lambayeque, que descarta el consentimiento de la víctima, la ausencia de pericia psicológica, entre otras, como situaciones excepcionales que justifican la reducción de la pena de cadena perpetua en el delito de violación sexual de menor de edad, pero sí admite la reducción de la pena por la conformidad procesal del imputado, por estar amparada en el derecho a la igualdad ante la ley; y c) la Cas. N.° 1518-2018 Arequipa, que evalúa si la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del CP, que establece excepciones a la responsabilidad restringida por la edad, implica una vulneración al principio de igualdad.

Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.

Lima, octubre del 2022