Temas procesales de la reparación civil en el proceso penal

[pp. 161-196]

Jean Paul Apolo Peralta

Universidad de San Martín de Porres

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Miembro del Taller de Derecho Penal Económico y de la Empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del equipo ganador del II Moot de Derecho Ambiental, organizado por el Ministerio del Ambiente (Perú) y la Universidad Científica del Sur (diciembre del 2021), y del I Moot White Collar & Criminal Compliance, organizado por el Women’s White Collar Defense Association, Iter Criminis y el Portal Jurídico Interdisciplinario Pólemos (octubre del 2021). Correo: jean_apolo@usmp.pe. ORCID: 0000-0002-5217-9036

Sumario

1. Introducción.- 2. Estación procesal para constituirse en actor civil en el proceso penal.- 3. Derechos que ostenta el titular de la acción civil.- 4. Miscelánea jurídica.- 5. Consideraciones finales.- 6. Referencias.

Resumen

El autor pretende dar respuesta a las principales interrogantes respecto a la reparación civil en el proceso penal: ¿cuándo fenece la oportunidad para constituirse actor civil?, ¿el fiscal puede oponerse a la constitución en actor civil?, ¿la fiscalía puede requerir la incorporación de un tercero civil responsable cuando hay una parte constituida civilmente?, ¿cuál es la etapa procesal para modificar la pretensión civil dentro del proceso penal?, ¿puede el actor civil impugnar la prescripción de la acción penal?, ¿qué aspectos pueden ser cuestionados por la parte civil en sede casatoria?, entre otras. Para cumplir con tal objetivo, recurre al acopio y revisión de las ejecutorias supremas (léase, en sentido amplio, sentencias casatorias, recursos de nulidad y acuerdos plenarios) dictadas por la Corte Suprema entre el 2020 y 2022 principal, pero no exclusivamente —cita a algunas con mayor antigüedad por su relevancia—. De esa manera, examina los criterios jurisprudenciales adoptados por los magistrados supremos en lo penal y añade razones propias por las que se adhiere o censura cada criterio.

Palabras clave: titular de la acción civil, reparación civil, responsable civil, interpretación jurisprudencial

Fundamento legal: art. 92 del CP; arts. IX, 11, 12, 14, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 111, 112, 345, 350, 359, 371, 373, 387, 388, 405, 407, 427, 428 del CPP; arts. 60, 334, 344, 346 y 354 del TUO del CPC.

Recibido: 26-10-22
Aprobado: 9-11-22
Publicado en línea: 2-2-23

ABSTRACT

The author intends to answer the main questions regarding civil compensation in criminal proceedings: When does the opportunity to become a civil actor expire? Can the prosecutor oppose the constitution as a civil actor? Can the prosecution require the incorporation of a responsible civil third party when there is a civilly constituted party? What is the procedural stage to modify the civil claim within the criminal process? Can the civil actor challenge the prescription of criminal action? What aspects can be questioned by the civil party in cassation venue?, among others. In order to fulfill this objective, it resorts to the collection and review of the supreme final judgments (read, in a broad sense, cassatory judgments, annulment appeals and plenary agreements) issued by the Supreme Court between 2020 and 2022 mainly, but not exclusively —he cites some older due to their relevance—. In this way, he examines the jurisprudential criteria adopted by the supreme criminal magistrates and adds his own reasons why each criterion is adhered to or censored.

Keywords: holder of the civil action, civil reparation, civil liability, jurisprudential interpretation

Title: Procedural issues of civil reparation in criminal proceedings Analysis of the recent jurisprudence of the Supreme Court of Justice

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Jean Paul Apolo Peralta

Temas procesales de la reparación civil en el proceso penal

Número 103 • Enero 2023 • pp. 161-196

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Referencias Bibliográficas

1.
El legislador nacional ha incorporado en el art. 343.2 del CPP el mecanismo de tutela específica para la protección del derecho al plazo razonable denominado control de plazo. Volver
2.
Al serle aplicable la regla procesal genérica regulada en el art. 412 del CPP (“1. Salvo disposición contraria de la ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes si el caso lo requiere”) y no encontrarse en un supuesto de excepción, descrito en los arts. 402 o 418 del estatuto procesal citado. Volver
3.
Así lo dispone el art. 336.3 del CPP: “El fiscal, sin perjuicio de su notificación al imputado, dirige la comunicación prevista en el artículo 3 de este código, adjuntando copia de la disposición de formalización, al juez de la investigación preparatoria”. Volver
4.
Léase el art. 17 del Reglamento de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones entre Autoridades en la Actuación Fiscal y los incs. 1 y 6 del art. 127 del CPP. Conforme a este último inciso, por remisión, es aplicable lo dispuesto en el art. 147 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil (en adelante, TUO del CPC). Volver
5.
Se advierte que los magistrados supremos recogen literalmente el art. 155 del TUO del CPC. Volver
6.
Posteriormente, ha reiterado este criterio la Sala Penal Nacional del Subsistema de Corrupción de Funcionarios (Colegiado A) en el f. j. n.º 6.16 de la Res. N.° 5 (30 de enero del 2018), recaída en el Exp. N.° 00031-2017-3. Volver
7.
El art. 345.2 del CPP: “Los sujetos procesales podrán formular oposición […]. La oposición, bajo sanción de inadmisibilidad, será fundamentada y podrá solicitar la realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y los medios de investigación que considere procedentes”. Volver
8.
Admitiendo esta posición, destacan el Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Penal y Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica (tema III) del 6 de octubre del 2017 y San Martín Castro (2020, p. 552). Volver
9.
Constituye una manifestación del derecho fundamental de igualdad ante la ley, reconocido en el art. 2.2 de la Carta Política del Estado. Volver
10.
Es reconocido textualmente en el art. I.3 del título preliminar del CPP, por esa razón ostenta la calidad de principio y, a su vez, garantía procesal. Volver
11.
Por añadidura, otra excepción a la oportunidad procesal para la presentación de la solicitud de constitución en parte civil se encuentra en la Cas. N.° 655-2015 Tumbes (16 de agosto del 2017), emitida por la Sala Penal Transitoria (en adelante, SPT), que establece en el f. j. n.º 26, declarado doctrina jurisprudencial vinculante, que en la audiencia de terminación anticipada, o antes de su realización, el agraviado puede presentar el precitado requerimiento. Volver
12.
De manera textual, lo contempla el art. 14 del CPP: “1. La acción civil derivada del hecho punible podrá ser objeto de transacción”. Volver
13.
Se aplica supletoriamente el art. 334 del TUO del CPC: “En cualquier estado del proceso, las partes pueden transigir su conflicto de intereses, incluso durante el trámite del recurso de casación y aun cuando la causa esté al voto o en discordia”. Volver
14.
Anteriormente, en la Casación N.° 103- 2017 Junín (15 de agosto del 2017), emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria, se deja sentando que en todos los delitos en que se tenga como parte agraviada a la sociedad (v. gr., delitos contra la seguridad pública, tráfico ilícito de drogas, entre otros) y en aquellos en que no se tenga a una persona natural o jurídica determinada, corresponde su representación al Estado, como sociedad organizada, cuyos derechos e intereses son ejercidos a través de la Procuraduría Pública correspondiente (f. j. n.º 23, declarado doctrina jurisprudencial vinculante). Volver
15.
Léase el artículo 11.1 del CPP: “El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso”. Volver
16.
Principalmente, los arts. 14, 102 y 112 del CPP. Volver
17.
En la Res. N.° 3 (30 de diciembre del 2019), recaída en el Exp. N.° 2-2019-8, dictada por la SPE, se deja sentado que la prueba documental establecida como requisito de admisibilidad para la constitución en parte civil está destinada a la acreditación de la legitimidad para ejercer la representación legal del agraviado o perjudicado (legitimidad para obrar) (f. j. n.º 1.8). Volver
18.
Consideramos que esta decisión fiscal es adecuada, al no ostentar legitimidad para intervenir en el objeto civil del proceso, conforme lo demanda el art. 11.1 del CPP. Además, el Pleno Jurisdiccional Nacional Penal y Procesal Penal (11 de junio del 2016) señala como conclusión plenaria del subtema 1 que el fiscal no debe incluir en su requerimiento acusatorio el monto de la reparación civil, al haber cesado su legitimidad. Volver
19.
Véase el R. N. N.° 1707-2018 Callao (f. j. n.° 3), emitido por la SPT el 21 de mayo del 2019. Este caso destaca por cuanto se deja sentando que no existe un plazo perentorio para presentar el requerimiento de constitución en actor civil por el agraviado (o persona legitimada para ello). Volver
20.
Este tópico ha sido desarrollado integralmente en el apartado 3.3 del presente artículo. Volver
21.
Posteriormente, este criterio jurisprudencial ha sido ratificado en la Casación N.° 1077-2019 Lambayeque (f. j. n.º 3), dictada por la SPP el 6 de mayo del 2021. Volver
22.
Respecto a los presupuestos de admisión, tenemos los requisitos contenidos en el art. 405 del CPP; de procedencia, la observancia del art. 427 del CPP, y de mérito, no estar incurso en una causal de desestimación establecida en el art. 428 del CPP. En caso de plantear casación excepcional, se deberá consignar las razones que justifican el desarrollo de doctrina jurisprudencial por parte de la Corte Suprema. Volver
23.
Art. 427.3 del CPP: “Si la impugnación se refiere a la responsabilidad civil, cuando el monto fijado en la sentencia de primera o de segunda instancia sea superior a cincuenta unidades de referencia procesal o cuando el objeto de la restitución no pueda ser valorado económicamente”. Volver
24.
El art. 432.3 del CPP señala: “Los errores jurídicos de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte dispositiva no causan nulidad. La Sala deberá corregirlos en la sentencia casatoria”. Volver
25.
Art. 321.3 del TUO del CPC: “Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: […] 3. Se declara el abandono del proceso” Volver
26.
Consideramos que, con base en una interpretación sistemática y la observancia del principio “igual razón, igual derecho”, le es aplicable la regla establecida para el fiscal, por esa razón las sesiones a las que se ausente deben ser consecutivas (art. 359.6 del CPP). Volver
27.
Sobre el particular, de manera general tenemos el art. 12.1 del CPP: “El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el orden jurisdiccional civil. Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional”. Asimismo, de manera particular, el art. 106 del CPP: “La constitución en actor civil impide que presente demanda indemnizatoria en la vía extrapenal. El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal no está impedido de ejercer la acción indemnizatoria en la otra vía”. Volver
28.
Fundamentos declarados doctrina jurisprudencial vinculante. Volver
29.
Cfr. art. 196 del TUO del CPC: “Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”. Volver
30.
Según establece el estatuto procesal, en la etapa de investigación preparatoria, acto de investigación (arts. 84.5 y 337.4 del CPP), y posterior al control de admisibilidad probatorio realizado en el procedimiento intermedio, acto de prueba (lits. “f y g” del art. 350.1 del CPP). Volver
31.
En similar sentido se pronuncia San Martín Castro (2020, p. 856). Volver
32.
De conformidad con el art. 433.3 del CPP: “En todo caso, la Sala de oficio o a pedido del Ministerio Público podrá decidir, atendiendo a la naturaleza del asunto objeto de decisión, que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos jurisdiccionales penales diferentes a la propia Corte Suprema, la cual permanecerá hasta que otra decisión expresa la modifique”. Volver
33.
Textualmente en el f. j. n.° 4 del Auto Supremo de Calificación de la Cas. N.° 724-2015 Piura (15 de abril del 2016), dictado por la SPT. Volver
34.
Desarrollando los supuestos de apartamiento de doctrina jurisprudencial vinculante que habilita presentar una casación (ordinario o excepcional) de tipo jurisprudencial, tenemos a la Cas. N.° 441-2017 Ica (f. j. n.° 2.4) emitida por la SPP el 24 de mayo del 2018. Volver

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