El Especial del mes del número 106 de Actualidad Penal se titula: “El delito de prevaricato: delimitación de la conducta judicial y fiscal”.

En nuestro Especial del mes, Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre analiza la posibilidad de asimilar las disposiciones y requerimientos fiscales (art. 122 del CPP) a los “dictámenes” contemplados en el delito de prevaricato (art. 418 del CP), en vista de que dichas actuaciones no estaban consideradas dentro de la competencia funcional del Ministerio Público al momento de la promulgación del Código Penal de 1991, que redactó el tipo penal según los términos del Código de Procedimientos Penales, vigente en ese entonces; e Iván Vladimir Melgar Cáceres, ante las cada más frecuentes denuncias de prevaricato por el simple hecho de emitir resoluciones contrarias a los intereses de los denunciantes, postula criterios para determinar si la conducta denunciada realmente es prevaricadora, o si más bien se pretende cuestionar el análisis lógico-jurídico de la resolución objetada, o revertir la decisión allí contenida.

En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Franklin Abraham Pérez Santa Cruz, en vista de que la estructura actual del juicio oral, en la práctica, no otorga al defensor la oportunidad de discutir la cuantía de la pena y la reparación civil, propone la cesura del juicio oral en dos etapas, a fin de garantizar el derecho a la defensa del imputado: 1) el debate de la responsabilidad penal y 2) el debate de la determinación de la pena y la reparación civil.

En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Royer Edison Vega Vásquez examina la posibilidad de subsumir en el delito de violación sexual mediante engaño (art. 175 del CP) el accionar de los profesionales de la salud o agentes de la medicina tradicional que, aprovechándose de la confianza del paciente que se somete a un tratamiento médico, le introducen fraudulentamente partes del cuerpo u objetos en sus cavidades vaginal o anal; y Frank Wilder Malca Roque analiza si, ante el incumplimiento de las medidas de protección dictadas en el marco de un proceso por agresiones en contra de la mujer o los integrantes del grupo familiar, se presenta un concurso ideal de delitos o un concurso aparente de normas entre los arts. 122-B y 368 del CP, y cuál de estas instituciones se debe aplicar a fin de no vulnerar el principio ne bis in idem.

En la sección de Derecho Procesal Penal, Cynthia Lizbeth Labrín Pimentel y Juan Carlos Castope Buchelli critican la falta de eficacia del acuerdo de abstención penal contenido en documento privado legalizado notarialmente para el pago de la reparación civil y proponen que el fiscal convoque a una audiencia para verificar si ambas partes, en especial la víctima, se encuentran conformes y, sobre todo, entienden los alcances de dicho acuerdo; Elsa Margarita Rivero Li expone los antecedentes, sentido y alcances de las Directrices de Budapest, pues constituyen una referencia valiosa sobre los cánones éticos y de conducta de fiscales para afrontar los nuevos retos de la gobernanza pública; y Miguel Alfredo Flores Salazar sostiene que la innecesaria ampliación del plazo en la investigación preliminar y preparatoria de la criminalidad organizada es una manifestación del derecho penal del enemigo e impacta negativamente en las garantías del imputado.

En el apartado de Derecho Penal Constitucional, Cristhian Hugo Gutiérrez de la Cruz desarrolla las relaciones e interferencias entre sistema político (comisiones parlamentarias de investigación) y sistema punitivo (Ministerio Público) cuando altos funcionarios que han ocupado la primera magistratura política del país son investigados por la comisión de delitos relacionados con el abuso del poder político que el cargo les otorga; y Jorge Caro Meléndez, a partir de la decisión sobre caso Ana Estrada y tomando como base la comprensión de la dignidad como una categoría polifacética y no unívoca, exhorta a superar el positivismo y reduccionismo jurídico sobre la eutanasia a través de una perspectiva interdisciplinaria.

En el apartado de Derecho Penitenciario, Enrique Orlando Cubillas Boy propone restablecer el sistema de control judicial de la ejecución de la pena a cargo del juez de vigilancia penitenciaria, como medio eficaz, idóneo y necesario para resguardar los derechos de los reos ante las deficientes condiciones carcelarias.

Derecho Penal General
— Cas. N.° 2095-2021 Cajamarca, que trata sobre el plazo de prescripción de la acción penal.

Derecho Penal Especial
— Cas. N.° 1523-2021 Áncash,
que determina si el delito de negociación incompatible admite complicidad.

Derecho Procesal Penal
— Apelación N.° 101-2022 Puno,
que versa sobre la acreditación de los hechos en caso de rompimiento de la cadena de custodia. Derecho Penal Constitucional

— Cas. N.° 1937-2021 Junín, sobre la falta de notificación de la sentencia como vulneración del derecho de defensa y sobre el rol de la defensa pública.

Jurisprudencia sistematizada
En esta oportunidad, presentamos una serie de pronunciamientos relevantes en torno a la prisión preventiva:

Prisión preventiva

Definición

AP N.° 1-2019
Apelación N.° 23-2019 Cusco

Principios constitucionales y legales

Principio de jurisdicción

R. N. N.° 589-2016 Áncash

Principio de debido proceso cautelar

Cas. N.° 358-2019 Nacional

Principio de legalidad procesal

Cas. N.° 702-2018 Nacional
Cas. N.° 704-2015 Pasco

Principio de intervención indiciaria

Apelación N.° 151-2022 Nacional
AP N.° 1-2019

Principio de proporcionalidad

R. N. N.° 80-2021 Lima

Presupuestos materiales

Sospecha grave

Cas. N.° 1839-2018 Áncash
Cas. N.º 205-2020 Nacional
AP N.° 1-2019

Peligro de fuga

Cas. N.° 1640-2019 Nacional
Cas. N.° 353-2019 Lima
R. N. N.° 750-2019 Nacional
R. N. N.° 23-2020 Áncash
Cas. N.° 1640-2019 Nacional

Otros tópicos sobre prisión preventiva

Cese de prisión preventiva

Apelación N.° 3-2015-“28”
R. N. N.° 695-2020 Lima
Cas. N.° 387-2021 Cusco

Prolongación de la prisión preventiva

Cas. N.° 778-2015 Puno
Cas. N.° 1092-2019 Arequipa


Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.

Lima, abril del 2023