El dilema de la impugnación en el incidente de exclusión fiscal

[pp. 185-218]

Jean Paul Apolo Peralta

Universidad de San Martín de Porres

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Miembro del Taller de Derecho Penal Económico y de la Empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del equipo ganador del II Moot de Derecho Ambiental, organizado por el Ministerio del Ambiente (Perú) y la Universidad Científica del Sur (diciembre del 2021), y del I Moot White Collar & Criminal Compliance, organizado por el Women’s White Collar Defense Association, Iter Criminis y el Portal Jurídico Interdisciplinario Pólemos (octubre del 2021). Correo: jean_apolo@usmp.pe. ORCID: 0000-0002-5217-9036

Sumario

1. Introducción.— 2. El derecho a la pluralidad de instancias.— 2.1. Precisiones conceptuales.— 2.2. Marco normativo.— 2.3. Sobre el carácter relativo (de configuración legal) del derecho a los medios impugnatorios.— 2.4. Presupuestos legales conferidos a los recursos impugnatorios.— 2.5. Excurso: análisis exegético y jurisprudencial de la elevación de actuados.— 3. La exclusión fiscal en el Perú.— 3.1. Antecedentes legislativos.— 3.2. La exclusión fiscal conforme al Código Procesal Penal.— 3.3. Trámite de la incidencia de exclusión fiscal.— 3.4. La naturaleza jurídica y el fundamento de su regulación.— 4. Fundamentos para la improcedencia liminar de la interposición de los recursos de apelación o elevación de actuados en la exclusión fiscal— 4.1. Interpretación histórica.— 4.2. Interpretación literal.— 4.3. Interpretación sistemática.— 4.4. Interpretación conforme al principio de jerarquía que rige la actuación del representante del Ministerio Público.— 5. Conclusiones.— 6. Referencias.

Resumen

El autor analiza la legitimidad de los sujetos procesales intervinientes en las causas penales para impugnar la disposición que pone fin a la incidencia de exclusión fiscal, concretamente, mediante la apelación y/o elevación de actuados, conforme a la vigente regulación del Código Procesal Penal. Por ese motivo, sobre la base de un estudio preliminar del derecho a la pluralidad de instancias, la naturaleza jurídica del recurso de elevación de actuados, la evolución legislativa de la exclusión fiscal en el Perú y de acuerdo a cuatro criterios de interpretación —histórico, literal, sistemático y observancia del principio de jerarquía (que rige la actuación fiscal)—, expone los fundamentos por los cuales deben ser rechazados de manera liminar los recursos precitados.

Palabras clave: derecho de impugnación, exclusión fiscal, recurso de apelación, elevación de actuados

Fundamento legal: arts. I.2, I.3, 62, 334.5, 404, 405, 416 y 426 del CPP; arts. 5, 12, 13, 19, 30 y 92 de la LOMP; arts. 41 y 77.1 del CdePP.

Recibido: 9-2-23
Aprobado: 13-3-23
Publicado en línea: 1-6-23

ABSTRACT

The author analyzes the legitimacy of the procedural subjects involved in criminal cases to contest the provision that puts an end to the incidence of tax exclusion, specifically, through the appeal and/or elevation of proceedings, in accordance with the current regulation of the Criminal Procedure Code. For this reason, based on a preliminary study of the right to multiple instances, the legal nature of the appeal, the legislative evolution of tax exclusion in Peru and according to four interpretation criteria —historical, literal, systematic and observance of the principle of hierarchy (which governs the fiscal action)—, exposes the grounds for which the aforementioned resources must be rejected in a liminary manner.

Keywords: right to impugnment, tax exclusion, appeal, elevation of proceedings

Title: The dilemma of the impugnment in the tax exclusion incident. Grounds for its preliminary inadmissibility in accordance with the Criminal Procedure Code

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Jean Paul Apolo Peralta

El dilema de la impugnación en el incidente de exclusión fiscal

Número 107 • Mayo 2023 • pp. 185-218

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Referencias Bibliográficas

1.
De esa manera, se han pronunciado San Martín Castro (2020, p. 142), Sánchez Velarde (2020, p. 39) y Neyra Flores (2010, p. 128). Volver
2.
En doctrina nacional tenemos a Monroy Gálvez (2009, p. 193) y, a nivel jurisprudencial, las STC: Exp. N.° 1698-2021-HC La Libertad (f. j. n.° 16), de 29 de marzo del 2022, Exp. N.° 675-2020-PHC Lima (f. j. n.° 7), de 6 de julio del 2021, y Exp. N.° 4571-2015-PHC Tacna (f. j. n.° 4), de 1 de octubre del 2020. Volver
3.
Utiliza esta denominación Oré Guardia (2016, p. 339). Volver
4.
Según Alcalá Zamora, citado por Oré Guardia (2016, p. 339), y Monroy Gálvez (1992, p. 22). Volver
5.
En similares términos, la definición legal descrita por el parlamentario nacional en el art. 356 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil (en adelante, TUO del CPC). Volver
6.
Sobre el particular, revísese a Sánchez Velarde (2020, p. 495), Gimeno Sendra (2010, p. 523), entre otros, y en la jurisprudencia del Supremo Tribunal peruano: Revisión de Sentencia N.° 203-2016 Tacna (f. j. n.° 9), dictada por la Sala Penal Transitoria (en las líneas siguientes, SPT) el 14 de octubre del 2021, y la Revisión de Sentencia N.º 194- 2020 Ayacucho (f. j. n.° 2.1), emitida por la Sala Penal Permanente (en lo sucesivo, SPP) el 27 de noviembre del 2020. Volver
7.
No está de más recordar que comprende al derecho (residual) de debido proceso, empero, el constituyente le ha concedido un reconocimiento específico y, además, sin prescindir de la conexión estrecha que exhibe con el derecho de defensa —conforme se expone en la STC. Exp. N.° 5792-2015-PHC Madre de Dios (f. j. n.° 9), de 11 de agosto del 2017, entre otras—. Volver
8.
Recientemente, en el Pleno N.° 336-2022, STC Exp. N.° 02027-2021-PA Lima (f. j. n.° 31), expedida el 9 de agosto del 2022, y las SSTC: Exp. N.° 01128-2022-PHD Loreto (f. j. n.° 6), pronunciada el 8 de julio del 2022, y Exp. N.° 03690-2021-PHD Lima Norte, emitida el 17 de junio del 2022 (f. j. n.° 15). Volver
9.
Véase Sánchez Velarde (2020, p. 472). Volver
10.
Desarrollado con mayor amplitud en el numeral 2.1 del presente trabajo. Volver
11.
Propugnando esta clasificación, destaca Oré Guardia (2016, pp. 347-352). Volver
12.
Vale mencionar que, por su ubicación legislativa, específicamente en la sección I, “Preceptos generales” (arts. 404 al 412 del CPP), resulta de aplicación a todos los recursos taxativamente recogidos por la ley procesal penal. Volver
13.
Según el nomen juris conferido legislativamente en el art. 334.5 del CPP Volver
14.
A diferencia del CdePP, que no contempla estas precisiones legales. Volver
15.
En términos del CdePP: no haber mérito a formalizar denuncia; y conforme al CPP: no procede iniciar la investigación preliminar o formalizar y continuar la investigación preparatoria, así como ante la reserva provisional de la investigación fiscal parcial o totalmente. Volver
16.
Concordante con los arts. 334.5 y 337.2 del CPP, este último expone textualmente que “las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria”. Volver
17.
Naturaleza jurídica que será desarrollada con mayor profundidad en el numeral 2.5.3 del presente manuscrito. Volver
18.
Destacamos lo expuesto en el art. 87 del TUO del CPC aplicable supletoriamente al proceso penal, el cual describe la acumulación objetiva originaria de las pretensiones, pudiendo ser de tipo “subordinada, alternativa o accesoria”. Volver
19.
Al exceder el tema central de la investigación no serán desarrollados, resaltando los siguientes: el mecanismo para cuestionar la inadmisibilidad o improcedencia del recurso de elevación de actuados; la legitimidad para su utilización, aunado a las decisiones que puede pronunciar el fiscal inmediato superior competente al dilucidar la incidencia; entre otros. Volver
20.
Lo que promovió que se emita la Directiva N.° 004-2016-MP-FN, publicada el 22 de julio del 2016, a través de la Res. N.° 3259-2016-MP-FN. Volver
21.
Cfr. Tercera disposición derogatoria del CPP: “Quedan derogados: 1. El Código de Procedimientos Penales, promulgado por Ley N.° 9024, y las demás normas ampliatorias y modificatorias. 2. El Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N.° 638, y las demás normas ampliatorias y modificatorias. 3. Todas las leyes y disposiciones que se opongan a la presente ley”. Volver
22.
De manera implícita, tenemos a los incidentes de tutela de derechos y denegatoria de diligencias sumariales (fundamentada en que estamos ante un auto judicial que causa gravamen irreparable, entonces presenta su habilitación legal en el art. 416.1.e del CPP), y, de manera expresa, lo establecido en los arts. 8 y 9 del CPP, que desarrolla el trámite impugnatorio de los medios técnicos de defensa: cuestión previa, prejudicial y excepciones procesales. Volver
23.
Conforme al art. 41 del CdePP. Volver
24.
De acuerdo a lo establecido en los arts. 13, 19 y 92.3 de la LOMP. Volver
25.
Es menester puntualizar que sin importar el grado o nivel de jerarquía que presente el órgano fiscal, esto es, que sean fiscales provinciales, superiores, supremos e incluso el fiscal de la Nación —que tiene competencia para intervenir en procesosespeciales por razón de función pública, de acuerdo a los arts. 450 y 454 del CPP—, en este último caso dirime la incidencia el juez supremo de investigación preparatoria (en adelante, JSIP), vía tutela de derechos. Volver
26.
Anteriormente, el presente autor (Apolo Peralta, 2022, pp. 14-32) ha descrito que la tutela de derechos está sujeta al cumplimiento de un requisito de admisibilidad: requerir la cesación y/o corrección a la autoridad agraviante por la lesión a su derecho y tres presupuestos de procedencia: estar dentro de la etapa procesal pertinente, esto es, la investigación preparatoria; no estar en un supuesto de manifiesta intención de obstruir la investigación y, el más determinante, que el derecho lesionado no ostente una vía o mecanismo (tutela específica) regulado para su protección dentro del Código Adjetivo Penal. Volver
27.
Con mayor profundidad, analizando la posibilidad de cuestionar la afectación del derecho de debido proceso en su manifestación de fiscal objetivo e imparcial (en sentido amplio) materializado por el fiscal de la Nación a través de la tutela de derechos y bajo la dirección del JSIP, véase Apolo Peralta, 2022, pp. 357-367. Volver
28.
Sánchez Velarde, 2020, p. 92. Volver
29.
Conforme lo expone el numeral 6.1 literal “j” de la Instrucción General N.° 1-2018-MPFN, dictada el 19 de julio del 2018 y publicada en la misma fecha. Volver
30.
En la casuística nacional tenemos a la Disposición de excusa s/n suscrita por el fiscal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal, el 30 de septiembre del 2022, en el Expediente Fiscal N.° 709-2019 y declarada fundada por la fiscal superior provisional a cargo de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de M-SURQ-SB, mediante la disposición fiscal superior s/n Excusa N.° 07-2022, de 3 de octubre del 2022, y el Auto del Tribunal Constitucional Exp. N.° 1642-2020-PA (f. j. n.° 17), caso Arsenio Oré Guardia, dictado el 16 de febrero del 2021. Volver
31.
De esa manera, se ha descrito en la Casación N.° 1232-2018 El Santa (f. j. n.° 2, segundo párrafo), dictada por la SPP el 4 de marzo del 2021, y en la Disposición Superior N.° 3-2021-1FSPAT (considerando 3), de 20 de septiembre del 2021, emitida por la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Tumbes. Volver
32.
Cfr. art. 196 del TUO del CPC: “Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”. Volver
33.
Según indica la primera disposición final del TUO del CPC: “Las disposiciones de este código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza”. Volver
34.
Véase lo resuelto en la Disposición Superior N.° 3-2021-1FSPAT (considerando 8) emitido por la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones del Distrito Fiscal de Tumbes el 20 de septiembre del 2021. Volver
35.
Por citar un ejemplo, tenemos lo expuesto en la Disposición Superior N.° 56-2022-2°FSPMP-LN, dictada por la Segunda Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Lima Norte el 27 de julio del 2022. Volver
36.
Cfr. art. 62.1 del CPP Volver
37.
En todos los casos por el superior jerárquico del fiscal cuestionado, con la salvedad del fiscal de la Nación, en cuyo caso intervendrá el JSIP materializado en la incidencia judicial de tutela de derechos. Volver
38.
Al respecto, según el Auto del Tribunal Constitucional, Exp. N.° 1642-2020-PA (f. j. n.°15), caso Arsenio Oré Guardia, dictado el 16 de febrero del 2021, al representante del Ministerio Público no le es exigible, en estricto sentido, el principio de imparcialidad, como sí se realiza a los magistrados judiciales (supra parte), debido a su calidad de parte procesal. Volver
39.
Postulando la división del sistema de protección de derechos regulado en el CPP, en tutela genérica y específica, el suscrito en su tesis de título profesional (Apolo Peralta, 2022, pp. 23-25). Volver
40.
Recuérdese que, según este ordenamiento procesal penal, la causa era dilucidada por miembros del Poder Judicial. Volver
41.
Sin embargo, no debe olvidarse que además ostenta un reconocimiento a nivel constitucional, al emanar de un derecho fundamental recogido en el art. 2.2 de la Const. Pol. Volver
42.
No obstante, si el representante del Ministerio Público se encuentra incurso en una causal de inhibición —que son las mismas que de la recusación—, está obligado a apartarse (art. 61.4 del CPP), siendo así una decisión discrecional, empero, también puede ser solicitado por las partes procesales (art. 62.1 del CPP). Volver
43.
Que presenta el estatus de tercero neutral (supra partes) por no constituir una parte procesal y guiar su actuación a la aplicación pura del derecho objetivo, dando lugar así al “esquema tríadico del proceso” —Gimeno Sendra citado por Neyra Flores (2010, p. 118)—. Volver
44.
Adopta el criterio descrito el Tribunal Supremo en la Cas. N.° 2057-2019 Tumbes (f. j. n.° 1.2), dictada por la SPP el 10 de febrero del 2021. Volver
45.
El art. 416.1 del CPP indica: “1. El recurso de apelación procederá contra: a. Las sentencias; b. Los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declaren extinguida la acción penal o pongan fin al procedimiento o la instancia; c. Los autos que revoquen la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio o la conversión de la pena; d. Los autos que se pronuncien sobre la constitución de las partes y sobre aplicación de medidas coercitivas o de cesación de la prisión preventiva; e. Los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable”. Volver
46.
Conforme al art. 387.4.d del CPP, cuando se presenta el retiro de la acusación; sin embargo, consideramos que se aplica a toda la actuación fiscal, de acuerdo a la doctrina jurisprudencial vinculante descrita en la Cas. N.° 413-2014 Lambayeque (ff. jj. n.os 21 al 23), expedida por la SPP el 7 de abril del 2015. Volver
47.
En concreto, ante la emisión del fiscal provincial de sobreseimiento y la disconformidad del superior jerárquico impera la decisión de este último, según el art. 346.3 y 346.4 del CPP. Vale mencionar que en la Cas. N.° 879-2016 Piura, pronunciada por la SPP el 2 de agosto del 2017, se expone que, “en la audiencia de apelación, el fiscal superior emitió una disposición oponiéndose al requerimiento de sobreseimiento de su fiscal provincial y el auto judicial respectivo, fundamentando que el fiscal provincial debió acusar, por lo que prima el principio de jerarquía del Ministerio Público” (f. j. n.° 8). Volver
48.
Según el mandato legal contenido en el art. 405.3 del CPP: “[…] El juez que deba conocer la impugnación, aun de oficio, podrá controlar la admisibilidad del recurso y, en su caso, podrá anular el concesorio”. Volver

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