Inviabilidad del sistema de determinación judicial de la pena aplicable a las circunstancias agravantes específicas

[pp. 89-103]

Walter Iván Salas Vásquez

Universidad de San Martín de Porres

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fiscal adjunto superior titular de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada Contra la Criminalidad Organizada. Ex fiscal adjunto provincial en control gubernamental. Ex fiscal adjunto provincial y adjunto superior en las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y Cobertura Nacional.

Sumario

1. Introducción.— 2. Concepto y naturaleza jurídica.— 3. Las circunstancias del delito.— 4. Reglas para la determinación judicial de la pena.— 5. Conclusiones.— 6. Referencias.

Resumen

Para la determinación judicial de la pena se siguen los criterios establecidos por el sistema de tercios, donde corresponde evaluar la cantidad de circunstancias que concurren junto al hecho delictivo; no obstante, cuando estamos ante circunstancias agravantes específicas, se deja de lado el sistema de tercios para utilizar parámetros desarrollados por la jurisprudencia; es decir, coexisten, por un lado, un sistema legal (art. 45-A del CP) y, por otro, un sistema judicial, basado en un modelo ya derogado (el del espacio de juego), para la dosificación de la pena concreta. En el presente artículo, el autor analiza si el sistema incorporado a través de la praxis judicial resulta apropiado en la actualidad y si se opone o no a los fundamentos del legal.

Palabras clave: determinación de la pena, sistema de tercios, circunstancias agravantes específicas, pena concreta

Fundamento legal: art. 45-A del CP.

Recibido: 20-4-23
Aprobado: 24-4-23
Publicado en línea: 1-6-23

ABSTRACT

For the judicial determination of the penalty, the criteria established by the system of third parties are followed, where it corresponds to evaluate the number of circumstances that concur together with the criminal act; however, when we are faced with specific aggravating circumstances, the third party system is set aside to use parameters developed by jurisprudence; that is to say, there coexist, on the one hand, a legal system (art. 45-A of the CP) and, on the other, a judicial system, based on a model that has already been repealed (that of the game space), for the dosing of the penalty concrete. In this article, the author analyzes whether the system incorporated through judicial praxis is currently appropriate and whether or not it opposes the legal foundations.

Keywords: determination of the penalty, system of third parties, specific aggravating circumstances, specific penalty

Title: Infeasibility of the judicial determination system of the penalty applicable to specific aggravating circumstances

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Walter Iván Salas Vásquez

Inviabilidad del sistema de determinación judicial de la pena aplicable a las circunstancias agravantes específicas

Número 107 • Mayo 2023 • pp. 89-103

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Referencias Bibliográficas

1.
El art. 2 de la Ley N.º 30076, publicada el 19 agosto del 2013, incorporó el art. 45-A del CP, que establece el sistema de tercios. Volver
2.
“Artículo 31.- Parámetros y fundamentos para la individualización de la pena 1. Para la individualización de la pena, el juez deberá identificar la pena básica conminada, luego dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos intermedios y uno máximo. […]”. Volver
3.
En la materia, y desde la fundamental aportación de Saleilles, suele distinguirse entre individualización legal, individualización judicial e individualización administrativa o penitenciaria (Landrove, 1980, pp. 126 y 127). a) La individualización legal viene determinada por el establecimiento en la norma, con carácter general y abstracto, de la pena correspondiente a cada una de las infracciones en particular. La determinación de la duración o la cuantía de la pena puede favorecerla el legislador fijando un máximo y un mínimo a ella, para que los jueces disfruten de libertad de elección para adecuarla a las condiciones personales del culpable. b) La individualización judicial es la realizada por el juzgador, que debe determinar —si la ley lo permite— la clase de pena y, en todo caso, su duración. Salvo en los casos en que la pena constituye una magnitud invariable, es decir, está absolutamente determinada en la ley (caso, por ejemplo, de pena única de muerte), el juez dispone de un repertorio de penas posibles, entre las que opta en función de criterios establecidos en la propia ley. c) La individualización penitenciaria se lleva a cabo por los funcionarios encargados de las penas privativas de libertad, únicas adecuadas para esta actuación individualizadora. Justo es reconocer que en el momento actual se propugna, cada vez con más insistencia, la intervención judicial en esta fase, es decir, la creación de la figura del juez de ejecución de la pena. El estudio de la personalidad del recluso y de los efectos del régimen empleado permite un más correcto tratamiento penitenciario. Volver
4.
La determinación de la sanción, en sentido estricto y en sentido amplio, ha sido desarrollada por el jurista colombiano Velásquez Velásquez (2015, pp. 101-214). Volver
5.
“Art. 317 del CP.- Organización criminal El que promueve, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversos tareas o funciones, destinada a cometer delitos […]. Volver

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