¿Cómo enfrentar las conductas neutrales durante la investigación preparatoria en los delitos de lavado de activos?

[pp. 57-70]

Manuela Rosana Villar Ramírez

Univ.

Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fiscal provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Sumario

1. Introducción.— 2. La hipótesis reveladora en el momento de la formalización de la investigación preparatoria.— 3. Las conductas neutrales durante la investigación preparatoria en los delitos de lavado de activos.— 4. La conducta neutral del abogado en la investigación preparatoria por la comisión del delito de lavado de activos.— 5. Conclusiones.— 6. Referencias.

Resumen

La autora postula la necesidad de incluir en el requerimiento de formalización de la investigación preparatoria del delito de lavado de activos la información que nos permita identificar no solamente la actividad criminal fuente generadora de las ganancias ilícitas a legitimar, sino en qué medida los coautores o cómplices del delito conocían el origen ilícito de las señaladas ganancias y cómo contribuyeron a la legitimación de activos maculados, a fin de hacer frente a las alegaciones de presuntas conductas neutrales o excluir las acciones no penales en la secuela de las investigaciones por la comisión del delito de lavado de activos.

Palabras clave: imputación objetiva, complicidad, conductas neutrales, lavado de activos, investigación preparatoria

Fundamento legal: arts. 23 y 25 del CP; arts. 1, 2, 3 y 10 del D. Leg. N.° 1106.

Recibido: 16-10-23

Aprobado: 11- 11-23

Publicado en línea: 3-12-23

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Manuela Rosana Villar Ramírez

¿Cómo enfrentar las conductas neutrales durante la investigación preparatoria en los delitos de lavado de activos?

Número 113 • Noviembre 2023 • pp. 57-70

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Referencias Bibliográficas

1.
“La subsunción de un suceso bajo el tipo subjetivo también se efectúa de acuerdo con reglas objetivas. [...] [E]l tipo contiene, globalmente, todos los elementos según los cuales se determina si un comportamiento, incluyendo sus consecuencias, ha de ser valorado como un injusto penalmente relevante” (Kindhäuser et al., 2009, p. 174). Volver
17.
“[L]a moral se anticipa al derecho, ya que mientras este evalúa la exteriorización de conductas frente a determinados hechos y se toma su tiempo para recoger dentro de la ley dichos repertorios comportamentales y poder determinar si son o no correctos, desde la perspectiva de la ética ya están establecidos el bien y el mal [...]. [P]arafraseando a Hart, la moral se superpone al derecho, pues ofrece razones que fundamentan la obligación de obediencia a este [...]” (Martínez, 2017, p. 375). Volver
18.
“La imputación objetiva del comportamiento es la imputación vinculada a la sociedad concreta. [...] [L]as garantías normativas que el derecho establece no tienen como contenido el que todos intenten evitar todos los daños posibles [...], sino que adscriben a determinadas personas que ocupan determinadas posiciones en el contexto de interacción [...], se imputan las desviaciones respecto de aquellas expectativas que se refieren al portador de un rol” (Jakobs, 1997, pp. 18 y 21). Volver
2.
“[E]n virtud de la imputación objetiva toda conducta puede ser declarada típicamente relevante solo por su significado antinormativo y no por la modificación del mundo exterior causada por la conducta, ni por la representación psíquica que pudiera tener el actuante sobre el hecho” (Caro John, 2014, p. 48). Volver
19.
“Recurre Barton a una reducción teleológica del tipo de blanqueo con base en el criterio del fin de protección de la norma. En su opinión, el fin de protección del § 261 StGB no resultaría realmente lesionado mediante la conducta consistente en el cobro de los honorarios por los servicios prestados por los abogados, lo que está muy claro para los tipos de blanqueo que tienen como bien jurídico predominantemente protegido a la administración de justicia. En realidad, también los abogados pertenecen a la administración de justicia. Si la norma pretende garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia, esto no puede ser malentendido en el sentido de que esta se identifica exclusivamente con los intereses correspondientes a las instancias de la persecución penal. A la Administración de justicia le corresponde también la salvaguardia de los intereses de los inculpados o procesados” (Blanco Cordero, 1997, p. 282). Volver
3.
“La imputación es normativa, por cuanto presupone la infracción de un deber. La imputación es personal, porque llena su contenido con el quebrantamiento de un rol o extralimitación de una esfera de competencia personal del sujeto. La imputación es social, pues exige la defraudación de una expectativa normativa vigente en la sociedad. La imputación es valorativa, en tanto atribuye a la conducta un significado socio-normativo comunicativamente estabilizador” (Caro John, 2014, pp. 48 y 49). Volver
20.
En Alemania una postura adicional es: “Nada impide castigar por el delito de blanqueo de capitales al abogado que, en cobro de sus honorarios profesionales, admite dinero de un cliente a sabiendas de su procedencia [ilícita] [...]” (Suárez González, 1996). Volver
4.
“En lo relativo a la tipificación del delito de lavado de activos, la Recomendación N.° 3 del GAFI establece que los Estados deben de formularla en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo […] Lo cual constituye la más pura expresión de la americanización del derecho penal con todas sus consecuencias” (Mendoza Llamacponcca, 2017, p. 149). Volver
5.
“[S]er conscientes del uso de la inferencia inductiva es lo que permite la corrección lógica de la construcción de una imputación del hecho punible [...]. Estas inferencias inductivas tienen como base las máximas de la experiencia y/o el conocimiento científico, debiendo evitarse argumentos estereotipados producto de creencias o sesgos cognitivos ajenos a la corrección metodológica de las hipótesis” (Mendoza Ayma, 2023, p. 43). Volver
21.
Ley N.° 27693: “Los abogados y contadores públicos colegiados, que de manera independiente, y las personas jurídicas, cuyo objeto social es la prestación de servicios jurídicos, legales y/o contables, que realizan o se disponen a realizar en nombre de su cliente o por cuenta de este, de manera habitual, las siguientes actividades: a. Compra y venta de bienes inmuebles. b. Administración del dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos. c. Organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas. d. Creación, administración y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. e. Compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas. La información que estos sujetos obligados proporcionan a la UIF-Perú se restringe a aquella que no se encuentra sujeta al secreto profesional” (art. 3.29). Volver
22.
“[N]o hay un ‘fin delictivo manifiesto’ [...] ni se superan los ‘límites del papel social profesional del cooperante’, ni por fin el empresario ‘se adapta al plan delictivo del autor’ [...]. [H]abrá de existir una ‘relación de sentido delictivo’, unívoca, no cubierta por su rol de letrado, de otro modo no existirá imputación objetiva del resultado” (Sánchez-Vera Gómez-Trelles, 2008, pp. 29 y 32). Volver
6.
“La imputación objetiva viene a modificar el contenido del tipo objetivo, proponiendo que no basta que estén presentes los elementos acción, causalidad y resultado para que se pueda considerar determinado hecho como objetivamente típico, ya que será necesario, además, un conjunto de requisitos. Este conjunto de requisitos que hacen de una determinada causación una causación típica, violadora de la norma, se llama imputación objetiva” (Greco, 2021, p. 20). Volver
23.
“[A]ctos de colaboración o ayuda que si les tuviere que apreciar solo naturalmente constituirían aparentes actos de participación criminal […] elevadas a la categoría de autoría delictiva [...] perspectiva de un concepto unitario de autor” (Mendoza Llamacponcca, 2017, p. 396). Entonces, si guarda, custodia o transporta el objeto de lavado de activos para evitar su incautación u identificación del origen, es autor del delito conforme al fin de aislar a los autores de las actividades criminales fuente por derecho penal del enemigo ante el riesgo a la seguridad y alarma social señalada en la STC del caso Mosquera Izquierdo. Volver
7.
“[L]os hechos empíricos como hechos brutos (Tatsachen) que en sí mismos solo son pura naturaleza […] solo adquieren significado jurídico cuando se ordenan como hechos típicos (Sachverhalt) acogidos por la norma” (Taruffo, 2009, p. 100 y ss.). Volver
24.
Y en la sentencia del Tribunal Supremo español del 7 de marzo del 2007 (ponente: Bacigalupo Zapater) se señala: “[L]a relación causal de la conducta con el resultado no es suficiente para la realización del tipo penal, es preciso que el autor haya actuado por encima del límite del riesgo permitido [...] en la medida que su función consistía en precisamente recoger lo manifestado y así lo hizo, su comportamiento no es típico, toda vez que se ha mantenido dentro de los límites autorizados sin generar un peligro jurídicamente desaprobado, se trata de una acción neutral que no aumenta el riesgo de la comisión del delito , ni favorece al delito”. Volver
8.
Ley N.° 27693: “Operaciones inusuales, aquellas cuya cuantía, características y periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente, salen de los parámetros de normalidad vigente en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente” (art. 11.3.b). Volver
25.
“[S]e debe de precisar cuando el riesgo creado por un acto de organización del sujeto económico se encuentra jurídicamente prohibido (1.1) y cuando ese acto de organización puede calificarse de defectuoso (1.2). Por otro lado, la eventual intervención causal de diversas personas en el acto en un acto de organización defectuoso (lo que es una situación muy común en la economía) obliga a establecer adicionalmente si todos son competentes penalmente por ese acto para lo cual se debe de acudir a los institutos dogmáticos de principio de confianza, prohibición de regreso y competencia de la víctima” (García Cavero, 2021, p. 360). Volver
9.
Convención de Palermo: “Por ‘delito determinante’ se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente convención” (art. 2.h). Volver
26.
“El conocimiento científico se convierte, por lo tanto, en un límite negativo la labor de determinación judicial en el sentido de que no es posible sostener judicialmente una relación de causalidad en donde la ciencia lo niega […] el resultado típico debe poder ser explicado como consecuencia del comportamiento prohibido” (García Cavero, 2021, p. 413). Volver
10.
“No basta que se haya superado el límite de actuación general establecido por el ordenamiento jurídico, sino que resulta necesario determinar además la competencia del autor por ese riesgo permitido. Esta determinación solo puede tener lugar si se tiene en consideración la concreta situación del autor. […] [N]ecesaria contextualización del ámbito de actuación del sujeto económico. Solamente si se llega a establecer que el autor ha infringido exigencias que en la situación concreta debía observar, se le podrá hacer una imputación del comportamiento” (García Cavero, 2022, p. 364). Volver
11.
“La imputación objetiva del resultado no puede quedar abandonada a simples criterios causales, sino que deberá asentarse igualmente a criterios normativos. En este sentido, el resultado para poder ser imputado al autor debe ser considerado normativamente como la consumación del comportamiento previamente imputado al mismo” (García Cavero, 2022, p. 410). Volver
12.
“Es inevitable exista cierta indefinición en las zonas marginales de los criterios de imputación objetiva, pues con ella se trata de incluir en el análisis jurídico-penal situaciones ubicadas en zonas grises, es decir que no se encuentran normadas y que se refieren a ámbitos de vida dinámicos con constantes retardos y desarrollos” (Paredes Vargas, 2022, p. 27). Volver
13.
“Las normas delineadoras del riesgo permitido pueden estar reunidas en cuatro grupos: a) en primer lugar, está la norma general, del propio Código Penal. b) En segundo lugar, se encuentran las normas especiales, a las que se llega mediante una remisión extrapenal, por ejemplo: la ley medioambiental, la ley tributaria, la ley de tránsito. Aquí se ubica también el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). [...] c) En tercer lugar, se ubican las normas de la lex artis [...] [y] d) En último lugar están las normas del estándar de conductas [...]” (Paredes Vargas, 2022, p. 78). Volver
14.
“El rol define la posición que cada sujeto cumple en el mundo social y además pinta, delimitada la medida de su esfera propia de competencia. En función de los deberes y deberes que definen a un rol, el titular del mismo será responsable o no de una gestión adecuada al rol o infractora de él” (Polaino Orts, 2009, p. 27). Volver
15.
“El comportamiento doloso de otro no le es imputable a quien favorece o crea la situación propicia para que se realice el hecho punible porque en virtud del principio de confianza tiene derecho a esperar de los demás un comportamiento reglamentario” (Paredes Vargas, 2022, p. 215). Volver
16.
“[E]n el ámbito de los hechos dolosos frecuentemente el quebrantamiento del rol es tan evidente que no necesita de mayor explicación [...]. [L]os límites de los roles funcionan a la vez como límites de la responsabilidad [...]” (Jakobs, 1997, pp. 25 y 27). Volver

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