La inhibición como medida cautelar más idónea para garantizar la finalidad del proceso de extinción de dominio

D. Leg. N.° 1373. Artículo 3. Naturaleza jurídica del proceso de extinción de dominio. Volver

Según Kielmanovich (2002), “las medidas cautelares se caracterizan, a su turno, por su provisionalidad, por lo que ellas habrán de subsistir hasta el momento en que la sentencia definitiva adquiera firmeza o ejecutoriedad —verificándose su conversión luego, en todo caso, en ejecutorias—, o mientras duren las circunstancias fácticas que las determinaron (rebus sic stantibus), pudiendo entonces así solicitarse su levantamiento en tanto esos presupuestos sufriesen alguna alteración” (p. 309). Volver

Mencionan Barreiro y Tellería (2022): “El carácter provisional está íntimamente ligado con el de flexibilidad y mutabilidad. Por cuanto la medida puede ser modificada tanto a solicitud de parte (solicitando su ampliación, sustitución o mejora), a pedido del afectado (solicitando su cese, sustitución por una menos gravosa o su reducción) o incluso de oficio por el tribunal, pudiendo disponer una menos rigurosa y determinar su alcance y duración, con independencia de lo solicitado. A modo de ejemplo, podemos señalar la reducción del quantum de un embargo o el rechazo de alguna de las medidas solicitadas por considerar que se configura una desproporcionalidad entre el derecho objeto de protección y la medida solicitada. También podríamos citar la designación de un veedor en lugar de un administrador o interventor” (pp. 351 y 352). Volver

Monroy Gálvez (1987) señala: “Un instituto procesal a través del cual el órgano jurisdiccional, a petición de parte, adelanta ciertos efectos o todos de un fallo definitivo o el aseguramiento de una prueba, al admitir la existencia de una apariencia de derecho y el peligro que puede significar la demora producida por la espera del fallo definitivo o la actuación de la prueba” (p. 487). Volver

En ese sentido, el AP N.° 05-2010/CJ-116 (2010) indica: “La confirmación judicial debe solicitase, ‘inmediatamente’ (artículo 203.3 y 317.2 NCPP). Esto último significa que entre el momento en que tiene lugar la incautación y que se presenta la solicitud de confirmación judicial no debe mediar solución de continuidad. Debe realizarse enseguida, sin tardanza injustificada, lo que será apreciable caso por caso, según las circunstancias concretas del mismo. La justificación de la tardanza se examinará con arreglo al principio de proporcionalidad. La confirmación judicial constituye un requisito más de la incautación como actividad compleja que, sin embargo, solo persigue dotarla de estabilidad instrumental respecto de la cadena de actos que pueden sucederse en el tiempo y que de uno u otro modo dependan o partan de él. Por tanto, la tardanza u omisión de la solicitud de confirmación judicial —al no importar la infracción de un precepto que determine la procedencia legítima de la incautación— no determina irremediablemente la nulidad radical de la propia medida ni su insubsanabilidad. El plazo para requerir la respectiva resolución jurisdiccional, en este caso, no es un requisito de validez o eficacia de la incautación —sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que acarrea al fiscal omiso—. Su incumplimiento no está asociada, como consecuencia legalmente prevista, a específicas y severas sanciones procesales: nulidad absoluta o anulabilidad —requisito indispensable para anudar los efectos jurídicos correspondientes—” (f. j. n.° 13). Volver

Al respecto, Nuta, Rotandaro y Prósperi (2001) mencionan: “Este instituto es una creación del derecho argentino. No registra antecedentes en la legislación comparada. Quizá su nacimiento haya sido producto de la confluencia de dos problemáticas: a) necesidad de contar con una medida cautelar en los casos en que se desconocieren bienes del deudor; b) imposibilidad de los registros para informar sobre la titularidad de los bienes, partiendo del nombre del propietario. Independientemente de que, en un futuro cercano, a través de la informática, los registros estén en condiciones de ingresar al folio real, no solo por el número de matrícula, sino también de un fichero índice auxiliar de entrada por nombre de propietario, igual consideramos la conveniencia de mantener esta figura. El beneficio no se da solo cuando se desconocen bienes del deudor, situación que quedaría resuelta con la alternativa recién mencionada, sino también para el supuesto de que el deudor carezca de bienes registrables. En este caso dicha medida aseguraría evitar la libre disponibilidad de los bienes que ingresen al patrimonio del deudor” (pp. 81 y 82). Volver

El art. 687 del Código Procesal Civil indica: “Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho presentada al momento de la admisión de la demanda, en relación a personas y bienes comprendidos en el proceso […]”. Volver

“La doctrina y la jurisprudencia mayoritaria afirman que la inhibición, si bien afecta a los bienes del cautelado, lo hace de un modo reflejo, pues se dirige a la persona y no al patrimonio, logrando indirectamente esa finalidad al prohibírsele a su titular todos los actos de disposición que impliquen disminuirlo. […] significa privación, inhabilitación, abstención, y se refiere a la imposibilidad que tiene el deudor judicialmente inhibido de vender o gravar bienes de su patrimonio, lo cual no impide que pueda adquirir bienes a su nombre. Esto último es el argumento que utiliza parte de la doctrina para sostener que no constituye una restricción a la libertad personal” (Arazi, 2007, p. 304). Volver

El art. 2 del D. S. N.° 001-2021-JUS indica: “El programa tiene por objeto recibir, registrar, calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar, arrendar, asignar en uso temporal o definitivo, gestionar la disposición y venta en subasta pública se los siguientes bienes patrimoniales: 2.1. Los objetos, instrumentos, efectos y ganancias que son materia de una medida cautelar dentro de un proceso de extinción de dominio, así como aquellos bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada por la autoridad jurisdiccional a favor de Estado”. Volver