Era de esperarse que en el mar de reformas político-criminales afincadas sobre el concepto de seguridad ciudadana a las que ha dado lugar la Ley N.° 31880 (que delega en el Ejecutivo la facultad de legislar), se remuevan los cimientos programático-filosóficos del Código Procesal Penal, pues la percepción de la ciudadanía de que se siguen cometiendo graves crímenes por doquier —por ejemplo, robos,…