Aplicación procesal del tercero de buena fe en el proceso de extinción de dominio

[pp. 207-222]

Manuela Rosana Villar Ramírez

Univ.

Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fiscal provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Sumario

1. Introducción.— 2. El tercero de buena fe.— 2.1. Problemas en el tratamiento procesal del tercero de buena fe.— 3. Jurisprudencia nacional respecto al tercero de buena fe.— 3.1. El derecho a la propiedad y el tercero de buena fe exento de culpa: conforme a la sentencia STC N.° 00018-2015-PI.— 3.2. La propiedad ilícita en la Cas. N.° 3098-2011 Lima.— 4. El derecho a la propiedad y el contrato de arrendamiento financiero (leasing).— 5. Jurisprudencia: Exp.
N.° 00014-2019-0-0701-JR-ED-01.— 6. Conclusiones.— 7. Referencias.

Resumen

La autora explora la aplicación procesal del tercero de buena fe en el contexto del proceso de extinción de dominio. Este enfoque permite validar el traslado de la titularidad de bienes vinculados a actividades ilícitas al Estado, conforme al art. III.10 del D. Leg. N.° 1373. Además, destaca que esta aplicación procesal constituye una excepción a la regla general, y que la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio del 2011 de las Naciones Unidas, que sirvió de base para la legislación peruana, enfatiza la conducta diligente y prudente del tercero de buena fe en cualquier acto relacionado con los bienes sujetos a extinción de dominio. Finalmente, subraya la necesidad de una buena fe cualificada, con un grado específico de intensidad, para contar con amparo constitucional en este contexto.

Palabras clave: extinción de dominio, tercero de buena fe, traslado de titularidad, bienes ilícitos, buena fe cualificada, amparo constitucional, D. Leg. N.° 1373

Fundamento legal: D. Leg. N.° 1373; arts. 219, 1677, 2013 y 2014 del CC.

Recibido: 15-1-24

Aprobado: 8-3-24

Publicado en línea: 2-4-24

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Manuela Rosana Villar Ramírez

Aplicación procesal del tercero de buena fe en el proceso de extinción de dominio

Número 117 • Marzo 2024 • pp. 207-222

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Referencias Bibliográficas

1.
“Los terceros, quienes son ajenos a dichos comportamientos, pero en virtud de un negocio jurídico, adquieren el derecho real principal, o accesorio objeto de la acción; o una garantía real, o quirografaria (cuando hay embargo anterior a la iniciación de la acción), de parte de los que son afectados directos, en tanto no participaron en la realización de las conductas que configuran las causales extintivas ni tiene relación alguna, más allá de la contractual, con los directos” (Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Extinción de Dominio, Sentencia de 8 de junio del 2011). Volver
21.
A los lavadores no les interesa perder alguna colocación de dinero bajo la instrumentalización de los contratos de leasing, del mismo modo todo aquel que se dedica a actividades criminales asumirá el riesgo en los contratos de leasing porque los beneficios de la contraprestación serán mayores. Volver
22.
Declara: 1) fundada de oficio la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, respecto de la demandada Banco BBVA Banco Continental; se dispone la extromisión de esta parte demandada y concluido el proceso respecto de la misma, conforme el inciso 6) del artículo 446 del Código Procesal Civil; se ordena continuar el proceso considerando la persona jurídica Empresa Transportes Hermanos Oblitas S.A.C., como requerido principal en el presente proceso de extinción de dominio, conforme al numeral 3.2 del artículo III del Decreto Legislativo N.° 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio. 2) Extinguir el dominio y todos los derechos sobre el referido bien, inscrito en la Partida Registral 53171084. Zona Registral N.° IX. Lima, ostenta la persona jurídica Empresa Transportes Hermanos Oblitas S.A.C., representada por Hermes Oblitas Manosalva. Volver
2.
El 28 de mayo del 2018, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió sentencia en los expedientes acumulados 146-2014 y 107-2017, los cuales afirman que la extinción de dominio se trata de una limitación constitucionalmente válida al derecho de propiedad, pues los bienes con un origen ilícito nunca podrán ser protegidos o resguardados por el ordenamiento jurídico, y aquellos que fueron destinados para actividades ilícitas dejaron de cumplir con la función social a la que constitucionalmente están destinados: “La adquisición ilícita de bienes tiene efectos permanentes, es decir, no se sanea por el transcurso del tiempo [...]. Es decir, la transgresión del orden jurídico no es efímera ni se consuma en un solo acto que luego desaparece, sino que tiene carácter permanente y continuado”. Volver
3.
Art. II.2.1 del título preliminar del D. Leg. N.° 1373: “2.1. Nulidad: todos los actos que recaigan sobre bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico, son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe” (las cursivas son nuestras). Volver
23.
El contrato de arrendamiento financiero, o contrato de leasing, es una modalidad de contraprestación donde la propiedad no se traslada a quien adquiere, sino que es el banco, entidad financiera o empresa de leasing llamado “arrendador”, quien mantiene la titularidad de la propiedad; compra el bien para su “arrendatario” con el dinero de la entidad financiera o a fin; estando la compra sujeta a previsiones para cautelar el origen lícito de la propiedad, y el banco implementa su procedimiento de prevención, que no se confunde con el dinero de origen ilícito con el que el arrendatario paga periódicamente. Directamente, el dinero con que paga a la entidad bancaria o financiera es distinta al dinero del arrendatario permite ver con claridad un distingo entre el bien objeto del contrato de leasing inscrito a favor del banco o entidad financiera y el dinero sucio del arrendatario. El arrendador permite el uso del bien a cambio de pagos de cuotas periódicas y fijas, pudiendo este último hacer efectivo su opción de compra según el contrato de leasing que tiene apariencia de préstamo, pero tiene la ventaja contractual que establecida, al no ser realmente un contrato de préstamo permite al arrendatario realizar contratos de préstamo propiamente dichos y acceder a otras fuentes de financiamiento, pues el leasing es un financiamiento por el íntegro del patrimonio o activo. Volver
24.
“El arrendamiento financiero puede ser abordado bajo dos criterios: alternativa de financiamiento y contrato. Bajo el primer criterio, según Torres (2010), el arrendamiento financiero se define como un alternativa de financiamiento en el que una persona denominada arrendatario adquiere por medio de un contrato con un arrendador, uno o más activos fijos que pueden ser nacionales o importados, tangibles e intangibles, de un proveedor nacional o extranjero, para utilizarlos en su empresa; a cambio del pago de cuotas periódicas en un plazo determinado y con derecho de ejercer la opción de compra al término del contrato” (Meza Carranza, 2014, p. 45). Volver
4.
En la Sentencia C-1007/02 de la Corte Constitucional de Colombia se señala que la buena fe cualificada o creadora de derecho tiene plena aplicación en el caso de los bienes adquiridos por compra o permuta y que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita. Es así que, si alguien adquiere un bien con todas las formalidades exigidas por la ley para adquirir la propiedad, y ese bien proviene directa o indirectamente de una actividad ilícita, en principio aquel adquirente no recibiría ningún derecho, pues nadie puede transmitir un derecho que no tiene y sería procedente la extinción de dominio; pero si actuó con buena fe exenta de culpa, dicho tercero puede quedar amparado por el ordenamiento jurídico. Volver
5.
“Lo trascendente para determinar cuándo nos encontramos frente a un acto contrario a la buena fe será establecer cuándo una conducta puede ser considerada como socialmente correcta. No sería acertado en función del principio de la buena fe establecer a priori una relación de esas conductas, por lo que corresponderá evaluar en el caso concreto esa situación” (Priori Posada, 1994, p. 327). Volver
25.
“El leasing es un contrato oneroso. El arrendatario financiero se obliga a pagar una contraprestación periódica denominada cuotas de arrendamiento financiero, o canon de leasing, las cuales de conformidad con el artículo 9 del Decreto Legislativo N.° 299 pueden establecerse en un monto fijo, variable o reajustable” (Soria Aguilar, 2008, p. 379). Volver
6.
“Por tercero se entiende generalmente a aquella persona ajena a la relación jurídica contemplada. Sin embargo, cuando estamos frente a la intervención de terceros en el proceso, debemos tener presente que el tercero facultado para intervenir en el juicio debe estar necesariamente vinculado a la materia de la litis por un interés directo o indirecto, propio o ajeno, concurrente o excluyente respecto de las partes originarias, pues de otra manera no será admisible su intervención” (Palacios Pareja, 1994, p. 63). Volver
26.
“Es una entidad financiera lo que persigue es prestar dinero y que si acude al leasing es como un medio de colocación de su capital a intereses” (Soria Aguilar, 2008, p. 383) Volver
7.
D. Leg. N.° 1373: Art. 15.- Medidas cautelares: “[...] El fiscal especializado, de oficio o a pedido del procurador público, para garantizar la eficacia del proceso de extinción de dominio, puede solicitar al juez las medidas cautelares que considere necesarias”. Volver
27.
D. Leg. N.° 299: “Artículo 1.- Considérese arrendamiento financiero, el contrato mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado”. Volver
8.
“Sobre la buena fe, a nivel jurisprudencial y doctrinario se ha indicado que presenta dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva. La primera hace referencia a la conducta que se impone a un sujeto, es una pauta de acción que se puede exigir, una imposición de deberes (diligencia). Así, la fe en la experiencia registral se refiere a la confianza objetiva resultante de los datos del registro; la segunda, sin embargo, ha sido pensada como un estado psicológico, como un estado de conocimiento, una creencia del sujeto respecto de que su actuación es conforme a derecho” (Procuraduría General del Estado, 2021, p. 24). Volver
9.
“Los actos procesales fraudulentos no generan derechos. El principio de la fe pública registral implica que el registro protege a toda aquella persona que confía en los datos que publica, relativos al dominio o derechos reales. Ahora bien, se exige que el adquirente concurra al registro con determinados requisitos cuya formulación legislativa se ubica en el artículo 2014 del Código Civil” (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil Transitoria de 17.01.2019, Expediente: 002238-2017). Volver
10.
El Tribunal Constitucional, en la STC 00728-2008-HC/TC (caso Giuliana Llamoja), señaló que la motivación cualificada aplica en los supuestos de rechazo de demanda, o cuando, como producto de una decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales. Así, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del juez o tribunal. Volver
11.
“La necesidad de retomar los senderos del derecho romano en los que el concepto originario de buena fe estuvo siempre atado al deber de comportamiento probo y leal frente a la otra parte en el contrato” (Neme Villarreal, 2009, pp. 76). Volver
12.
Art. 31 del Reglamento de la Ley N.° 30313, aprobado por el D. S. N.° 10-2016-JUS (publicado el 23 el de julio del 2016). Volver
13.
Los arts. 46 y 47 del Reglamento de la Ley N.° 30313, en atención al art. 5 y la primera disposición complementaria modificatoria del art. 2014 del CC de la Ley N.° 30313. Volver
14.
“La presunción es, pues, una convicción fundada en el orden normal de las cosas y que dura mientras no se pruebe lo contrario” (Chiovenda, 1948, p. 260). Volver
15.
Pleno Sentencia N.° 432/2020, “Principio de cooperación: Conforme a este principio, las competencias y funciones de los poderes y órganos constitucionales autónomos deben estar orientadas al cumplimiento de los fines del Estado (artículo 44 de la Constitución), a la concreción del conjunto de bienes y valores constitucionales (pudiéndose mencionar, a modo de ejemplo, lo señalado en los artículos 1, 3, 38, 43 o 45 de la Constitución), y siempre teniendo como horizonte la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad (artículo 1 de la Constitución). De esta manera, entre los poderes públicos resulta de aplicación el principio de “lealtad constitucional”, el cual, además del respeto a las competencias y funciones ajenas, orienta el comportamiento de los actores estatales hacia la consecución del bien común, que debe ser el fin último de la política” (f. j. n.° 100). Volver
16.
Cas. N.° 3098-2011 Lima: “No han actuado con la diligencia mínima exigible al comprador de bienes inmuebles, pues al momento de la venta no verificaron internamente las características del inmueble ni el estado físico del mismo; d) a la fecha de la presunta adquisición los demandados compradores, tampoco han verificado quién o quiénes detentaban la posesión del bien materia de adquisición; y el precio de venta fijado en trece mil dólares americanos es ínfimo y no resulta proporcional al valor real” (f. j. n.° 13). Volver
17.
“[...] El principio de buena fe pública [...] [es] la razón misma de ser de los Registros Públicos protege a los terceros adquirientes, quienes confiados en la exactitud y certeza que brindan las inscripciones registrales [...] realizan la adquisición de bienes inmuebles garantizando [...] que la adquisición resulte válida y permanezca como tal aun cuando posteriormente se anule, rescinda o resuelva el título de su otorgante por [...] causas que no consten en los Registros [...] no teniendo [...] carácter absoluto, no puede [...] ser de aplicación automática a todas las adquisiciones realizadas a personas que en el registro aparecen con facultades suficientes para disponer de las mismas [...]” (Puig Brutau, 1989, p. 555). Volver
18.
Cas. N.° 3098-2011 Lima: “[...] la exposición de motivos [...] del Código Civil ha previsto que “la buena fe [...], a efectos de constituirse en tercero registral, es la de ignorar la existencia de inexactitud en lo publicado por el registro [...] si [...] existen razones de nulidad, rescisión o resolución, que no aparecen en el registro, [...] además ser desconocidas, [...] para que opere [...] el principio contenido en el artículo 2014 del Código Civil es preciso que concurran [...] a) [...] adquisición a título oneroso; b) que el otorgante aparezca registralmente con capacidad para disponer el derecho; c) que el adquirente haya inscrito su derecho; d) que en los asientos registrales ni de los títulos inscritos aparezcan las causas que anulen, rescindan o resuelvan el derecho del otorgante; y e) que el tercero adquirente haya actuado de buena fe al momento de la celebración del acto jurídico, así como al momento de su inscripción [...]” (f. j. n.° 7). Volver
19.
Cas. N.° 2248-99 Tacna: “El artículo [219.4] del Código Civil como causal de nulidad absoluta, [...] es ilícito todo aquello contrario a las normas legales imperativas (ius cogens) especialmente aquellas que tipifican un ilícito penal; y que para determinar si se produce ese fin será necesario examinar la causa del contrato, el motivo común a las partes contratantes, las condiciones que lo delimitan, y su objeto [...]” (f. j. n.° 3). Volver
10.
“No exponiendo [...] la norma sustantiva qué debe entenderse por fin o causa ilícita [...] la interpretación sistemática y en su conjunto del artículo 219 inciso 4 del Código Civil con las demás normas que regulan el acto jurídico y los contratos [...] es posible colegir que la Causa se vincula a la idea de “Causa Concreta” [...] los propósitos o motivos comunes que dan lugar a la celebración del acto jurídico de tal modo que, si estos fines o motivos son ilícitos, el negocio será nulo por falta de un elemento estructural [...] la causa se comporta como un mecanismo de control de la autonomía de la voluntad evitando que puedan llegar a tener eficacia los actos jurídicos contrarios al ordenamiento jurídico explicando en este mismo sentido el profesor Morales Moreno que la causa es un mecanismo de control de la autonomía de la voluntad para apreciar en qué casos los vínculos jurídicos merecen la protección del derecho” (Morales Moreno, 1994, p. 958). Volver

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