¿Era necesario regular la revisión de oficio de la prisión preventiva para controlar la debida diligencia fiscal? Análisis a partir del Decreto Legislativo N.° 1585

[pp. 163-176]

Darwin Cruz Angel

PUCP

Servidor judicial en la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Maestrante en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Abogado asociado del Instituto Latinoamericano de Ciencias Penales (Ilaci). Ha realizado diplomado en Procesos Constitucionales en el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y Curso en Argumentación Jurídica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Sumario

1. Introducción.— 2. El contexto convencional, constitucional y jurisdiccional previo a regular la revisión de oficio de la prisión preventiva.— 3. El Decreto
Legislativo N.° 1585.— 4. Problemas de interpretación del cese de prisión preventiva y de la revisión periódica de oficio de la prisión preventiva.— 5. La evaluación de la debida diligencia fiscal en el marco de la revisión de oficio de la prisión preventiva.— 6. Conclusiones.— 7. Referencias.

Resumen

El autor analiza si era necesario regular la revisión de oficio de la prisión preventiva a través del Decreto Legislativo N.° 1585 con el fin de controlar de manera efectiva la debida diligencia fiscal durante el periodo de prisión preventiva al que puede ser sometido un imputado. Se realiza un análisis del contexto que impulsó su regulación y los problemas de interpretación que están surgiendo debido a su incorporación en el mismo artículo que regula el cese de la prisión preventiva, el art. 283 del CPP. Además, se presentan casos hipotéticos de revisión de oficio de la prisión preventiva frente al cese de la prisión preventiva con el propósito de facilitar la comprensión de estas figuras procesales..

Palabras clave: revisión de prisión preventiva, cese de prisión preventiva, principio de variabilidad, debida diligencia fiscal

Fundamento legal: arts. 255 y 283 del CPP; D. Leg. N.º 1585.

Recibido: 5-2-24

Aprobado: 15-2-24

Publicado en línea: 2-4-24

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Darwin Cruz Angel

¿Era necesario regular la revisión de oficio de la prisión preventiva para controlar la debida diligencia fiscal? Análisis a partir del Decreto Legislativo N.° 1585

Número 117 • Marzo 2024 • pp. 163-176

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Referencias Bibliográficas

1.
El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Exp. N.° 3830-2017-PHC/TC Piura (19 de enero del 2021), ha establecido que “la flagrancia en la comisión de un delito presenta la concurrencia de dos requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y b) la inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo” (f. j. n.º 6). Volver
1.
Este decreto se promulgó con el fin de mejorar la regulación normativa que tengan implicancia en la reducción de los niveles de hacinamiento carcelario en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Volver
1.
Volver
2.
Expediente N.° 01091-2002-HC/TC Lima, 12 de agosto del 2002, f. j. n.º 7, criterio reiterado en: Expediente N.° 01014-2011-PHC/TC Tacna, 28 de junio del 2011, f. j. n.º 2; Expediente N.° 03567-2012-PHC/TC Santa, 1 de octubre del 2013, f. j. n.º 12; Expediente N.° 00872-2007-PHC/TC Del Santa, f. j. n.º 2; Expediente N.° 5100-2006-PHC/TC Lima, 19 de junio del 2006, f. j. n.º 3; Expediente N.° 09809-2006-PHC/TC Lima Norte, 30 de marzo del 2007, f. j. n.º 2; Expediente N.º 03567-2012-PHC/TC Santa, 1 de octubre del 2013, f. j. n.º 12; Expediente N.º 02357-2008-PHC/TC Lima Norte, 16 de noviembre del 2009, f. j. n.º 3; entre otras. Volver
3.
El estándar probatorio que se exige a este nivel es superior al necesario al formular un requerimiento de acusación (sospecha suficiente). Volver
4.
Esto último fue modificado mediante el D. Leg. N.° 1585. Antes de la modificación, se establecía que la prognosis de la pena debía ser mayor a los cuatro años de pena privativa de libertad. Volver
5.
Para establecer la existencia del riesgo, el juez debe advertir la presencia del peligro basándose en los datos específicos del caso, evitando basarse en presunciones y conjeturas. Los datos, cuando se consideran de manera abstracta, carecen de significado, por lo que es necesario valorarlos de manera individualizada. Esto implica identificar el vínculo que debe existir entre las circunstancias concretas del caso y el riesgo latente de que el procesado pueda efectivamente eludir la acción de la justicia. Volver
6.
“[U]na medida de prisión preventiva que cumpla con la realización de una ‘debida motivación reforzada’ al analizar el cumplimiento de los presupuestos materiales, los elementos del test de proporcionalidad y el sustento de la determinación de la duración de la medida (de ser el caso que se concluya dictar medida), será válida, constitucional y convencional” (Tribunal Constitucional, Expediente N.º 03248-2019-PHC/TC Lima Este, f. j. n.º 92). Volver
7.
“Artículo 255.- Legitimación y variabilidad […] 2. Los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aun de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo […]”. Volver
8.
La revisión de oficio de la prisión preventiva cada seis meses podría ocasionar una sobrecarga procesal en los juzgados de investigación preparatoria a nivel nacional. Estos juzgados, como es de conocimiento público, tramitan incidentes de urgencia, como medidas limitativas de derechos, búsqueda de pruebas y medidas de coerción real o personal. Además, se llevan a cabo audiencias propias de la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y de ejecución (revocatorias de pena). Esto podría resultar en la práctica en el incumplimiento de los plazos para convocar a una audiencia de revisión de oficio de la prisión preventiva, obligando a los imputados a solicitar dicha revisión por sí mismos. Este escenario también podría causar confusión, incluso dando lugar a solicitudes de cesación. Volver
9.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Apelación N.° 57-2022 Lima (26 de abril del 2022), estableció: “Que es relevante estimar que la acción del tiempo tiende, como regla o máxima común, a diluir el peligrosismo procesal [STCE 14/2000, de dieciocho de febrero], de suerte que es especialmente importante establecer, primero, el tiempo de privación procesal de libertad que viene sufriendo el imputado; segundo, que la extensión en el tiempo de la prisión preventiva, solicitada por el Ministerio Público, no se deba a una falta de diligencia del fiscal investigador, sino a situaciones que le son incontrolables o son infrecuentes; y, tercero, que se demuestre el riesgo latente, concreto, de fuga o de obstaculización probatoria, sin perjuicio de valorar las circunstancias personales del privado de libertad y del caso concreto [STCE 47/2000, de diecisiete de febrero]” (f. j. n.º 4). Volver
10.
“Artículo 164.- Citación y conducción compulsiva […] 3. Si el testigo no se presenta a la primera citación se le hará comparecer compulsivamente por la fuerza pública”. Volver
11.
“Artículo 349.- Contenido 1. La acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá: a) Los datos que sirvan para identificar al imputado, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 88; b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos; c) Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio; d) La participación que se atribuya al imputado; e) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran; f) El artículo de la ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que se solicite y las consecuencias accesorias; g) El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o tercero civil, que garantizan su pago, y la persona a quien corresponda percibirlo; y, h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este caso presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y domicilio, y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca”. Volver
12.
El art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable”. Volver

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