La valoración de la declaración del colaborador

[pp. 15-43]

Pablo Talavera Elguera

Universidad de San Martín de Porres

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Estudios concluidos de Doctorado en Derecho Penal y Procesal en la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor en la maestría en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de San Martín de Porres; Juez Penal Titular de Lima, 1994-2002; Juez Superior Titular de Lima, 2002-2010; miembro del Consejo Nacional de la Magistratura 2011-2015; socio principal del Estudio Talavera & Valdivia. Ha publicado cuatro libros sobre derecho procesal penal y derecho probatorio.

Sumario

1. La problemática de la colaboración eficaz.— 2. El colaborador en el ordenamiento peruano.— 3. La declaración del colaborador.— 4. El valor probatorio de la declaración del colaborador eficaz.— 4.1. Examen de fiabilidad de la declaración del colaborador.— 4.2. Verosimilitud de la declaración del colaborador.—
5. La declaración del colaborador como prueba anticipada.— 6. Conclusiones.—
7. Referencias.

Resumen

La declaración de los colaboradores viene siendo utilizada en nuestro sistema de justicia para condenar a un acusado, algunas veces sin considerar su nivel de fiabilidad probatoria o sin que se realice una valoración racional, confundiendo la corroboración interna con la corroboración externa que debe ocurrir en el juicio contra el sindicado por el colaborador, que debe ser suficiente o en muy alto grado de probabilidad como para alcanzar el estándar de prueba para condenar. De ahí que el presente estudio resulta relevante para establecer analíticamente las condiciones de fiabilidad de la declaración de un colaborador, así como fijar las pautas para otorgar credibilidad o verosimilitud a la declaración del colaborador como elemento fundante de la confirmación de la hipótesis principal, para lo cual no solo se analizarán las normas procesales, sino también la jurisprudencia nacional y de los tribunales internacionales sobre derechos humanos.

Palabras clave: colaborador, corroboración, valoración racional, fiabilidad, credibilidad y estándar de prueba

Fundamento legal: arts. 158, 472- 481 del CPP.

Recibido: 4-1-24

Aprobado: 20-1-24

Publicado en línea: 2-4-24

Contenido exclusivo para suscriptores

Para leer el artículo completo necesitas iniciar sesión con tu código de suscriptor.

Iniciar sesión

¿No tienes suscripción? Suscríbete ahora

Pablo Talavera Elguera

La valoración de la declaración del colaborador

Número 117 • Marzo 2024 • pp. 15-43

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Referencias Bibliográficas

1.
Enzo Musco ha calificado a estas regulaciones como “legislación de recompensa”, favorecedora en algunos casos de falsos arrepentimientos y conductas fraudulentas”. Volver
2.
Un ejemplo es el que expone Musco al señalar que el fenómeno del pentitismo, en la lucha contra la criminalidad organizada y de carácter mafioso, ha crecido en el curso del último quinquenio desmesuradamente hasta alcanzar dimensiones enormes, gigantescas, impensables en el momento en el que se introduce la legislación de recompensa para este tipo de criminalidad y es de tal manera que crea preocupaciones a quienes han sido los más tenaces defensores y son los más directos actores de todo ello, en lo que se refiere a la gestión sustancial y procesal. Volver
3.
Maier (2001) destaca que “lo más curioso es que para esta compra de impunidad por una persona que no está arrepentida de nada, sino que negocia desde una situación de inferioridad, obtiene más ventajas cuando es más inmoral. Cuanto más comprometido está con el delito, más injusta es su conducta, más tiene que ofrecer, en consecuencia, más perspectivas de obtener la impunidad”, citado por Riquert. Por su parte, Cafferata señala: “A lo largo de la historia el delator ha sido una figura universalmente desacreditada” (pp. 146 y 147). Volver
4.
Montoya sostiene que el proceso de otorgamiento de beneficios se destaca por el secreto en el trámite de obtención de la verdad-histórico procesal: “No hay visibilidad, transparencia ni publicidad”. En similar sentido, Ferrajoli (1995) sostiene: “En definitiva, el esquema triádico y la epistemología falsacionista, propias del garantismo procesal acusatorio, excluyen cualquier colaboración del imputado con la acusación que sea el fruto de sugerencias o negociaciones, tanto más si se hubieran desarrollado en la sombra” (p. 608). Volver
5.
En Argentina sí se reprime la información falsa del colaborador: así, la Ley 27304, publicada el 2 de noviembre del 2016, incorporó como artículo 276 bis del Código Penal el siguiente: “Artículo 276 bis. Será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio del artículo 41 ter, proporcione maliciosamente información falsa o datos inexactos”. Volver
6.
Fue en Italia que se instauró el derecho penal de emergencia con el Decreto Ley N.° 625, de 15 de diciembre de 1979, cuyo artículo 4 recompensaba al coautor de un delito cometido con fines terroristas o de eversión del orden democrático que se disociaba de los otros, evitando que la actividad llegue a consecuencias ulteriores, reuniendo pruebas decisivas para individualizar o capturar a los que participan de dicha actividad delictiva, con una sustitución de la cadena perpetua por la de prisión de doce a veinte años, y las otras penas son reducidas de una tercera parte a la mitad. La colaboración probatoria era específicamente tratada en el artículo 5, consistía en proporcionar elementos de prueba determinantes para la exacta reconstrucción del hecho y para la individualización de los eventuales sujetos que concurran en dicha acción delictiva. Volver
7.
De la emergencia se pasó a su empleo para enfrentar la criminalidad organizada mafiosa. Es así que, mediante el Decreto Ley N.° 152, de 13 de mayo de 1991, convertido en la Ley N.° 203, de 12 de julio de 1991, se establecieron premios para los que se disociaban de las organizaciones mafiosas. Posteriormente, se dictó el Decreto Ley N.° 306, de 8 de junio de 1992, convertido en la Ley N.° 356, de 7 de agosto de 1992, que introdujo beneficios para los colaboradores mafiosos. El artículo 8 de la citada ley exigía para el otorgamiento de los beneficios: la disociación y la colaboración probatoria. Volver
8.
Incorporado a la Ley N.º 27378 por el Decreto Legislativo N.º 925, publicado el 20 de febrero del 2003. Volver
9.
La Casación N.º 1796-2018, en su f. j. n.° 37, ha dicho que no es posible la colaboración eficaz de un ciudadano inocente. Volver
10.
Esta regla es aplicada al coimputado, porque la misma se refiere a “situaciones análogas” al arrepentido o colaborador, dentro de las cuales se considera al coimputado. Volver
11.
Respecto a la valoración de la declaración de un imputado sobre un hecho de otro coimputado, el régimen jurídico de su declaración no es asimilable a la de un testigo, sino que debe ser el de imputado. Volver
12.
Fernández López señala: “Uno de los medios de prueba a los que mayor atención ha prestado la jurisprudencia es la declaración del coimputado, fundamentalmente como consecuencia de la especial naturaleza de quien declara, que se encuentra a medio camino entre el acusado y el testigo y que ha llevado a calificarlo como testimonio impropio”. Volver
13.
Fundamento jurídico n.° 8 del Acuerdo Plenario N.º 02-2005/CJ-116, de 30 de septiembre del 2005: “Cuando declara un coimputado sobre un hecho de otro coimputado, y que a la vez se trata de hechos propios ya que ellos mismos los han cometido conjuntamente, por lo que su condición no es asimilable a la del testigo, aun cuando es de reconocer que tal testimonio puede ser utilizado para formar la convicción judicial —no existe por ese hecho descalificación procedimental—, corresponde valorar varias circunstancias, que se erigen en criterios de credibilidad —no de mera legalidad—, y que apuntan a determinar si existen datos relevantes que las desnaturalizan situaciones que explicarían que el coimputado pudiese mentir. Las cautelas que ha de tomarse en cuenta resultan del hecho que el coimputado no tiene obligación de decir la verdad, no se le toma juramento y declara sin el riesgo de ser sancionado, sin la amenaza de las penas que incriminan el falso testimonio”. Volver
14.
Al respecto, Campaner Muñoz señala: “En cuanto a ese supuesto derecho a mentir reconocido por el TC, y aun partiendo de la base de que el acusado no puede ser conminado con la pena correspondiente al delito de falso testimonio (artículo 458 CP) desde el mismo instante en que declara amparado por los expresados derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (y que, por supuesto, en caso de faltar a la verdad no puede ver exasperada su pena), consideramos que de ahí no cabe colegir, sin más, que pueda permitirse —al menos no a ‘coste cero’— atribuir a otras personas una inexistente participación en un delito o, más limitadamente, atentar contra su honor o propia imagen, de suerte que nuestro ordenamiento jurídico articula mecanismos para proteger los derechos fundamentales en juego en tales casos (honor, propia imagen, incluso intimidad). Y una cosa es que el acusado esté amparado por el derecho a no confesarse culpable y otra muy distinta es que, yendo más allá del manto protector que le confiere este derecho fundamental, lleve a cabo una falaz —y, por ello, ilegítima— intromisión en los derechos fundamentales de una tercera persona”. Volver
15.
“Una cosa es ejercitar el derecho de defensa y otra distinta realizar la acción de ‘imputación’ con ocasión de dicho ejercicio y, por tanto, transgrediendo su contenido nuclear”. Volver
16.
Casación N.º 292-2019-Lambayeque, f. j. n.° 12: Una regla especial en materia de colaboradores es la contenida en el artículo 158, numeral 2, del CPP. El testimonio del colaborador o aspirante a colaborador debe estar escoltado de otras pruebas que corroboren su versión incriminatoria. Dogmáticamente, se considera estos testimonios “prueba sospechosa” y, por ello, no se estiman pruebas autónomas o suficientes para que el juez solo se ampare en ellas para formar convicción, tanto más si en su actuación por razones legales, claro está, no se cumplió con el principio de posibilidad de contradicción. Volver
17.
Sentencia de la Primera Sala Penal Transitoria R. N. N.º 2138-2016-Lambayeque, de 10 de febrero del 2017, f. j. n.° 12, primer párrafo. Volver
18.
Artículos 476-A inciso 1 y 481-A inciso 2 del Código Procesal Penal. Volver
19.
La STCE N.° 233/2002, de 9 de diciembre, se ha pronunciado afirmando que la declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional, a partir de que su contenido sea corroborado. Volver
20.
Sentencia de la Primera Sala Penal Transitoria R. N. N.º 2138-2016-Lambayeque, de 10 de febrero del 2017, f. j. n.° 12, segundo párrafo. Volver
21.
En las sentencias del 20 de noviembre de 1989 (caso Kostovski contra los Países Bajos) y 27 de septiembre de 1990 (caso Windisch contra Austria), el TEDH estima contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos (art. 6.3.d) la condena basada en testimonios anónimos, entendiendo por tales las declaraciones de personas cuya identidad es desconocida por el Tribunal, la defensa o ambos, en cuanto supone una restricción de los derechos de defensa al impedir la contradicción ante el órgano judicial encargado de decidir sobre la inocencia o culpabilidad; de tal modo que considera tales declaraciones solo indicios para llevar a cabo una investigación. Volver
22.
La incoherencia en las declaraciones de los coencausados y testigos no permite enervar la presunción de inocencia del procesado. Volver
23.
La inconsistencia en la declaración de los coimputados constituye insuficiencia probatoria y cabe absolver. Volver
24.
La declaración de un colaborador eficaz o arrepentido tiene limitada eficacia probatoria, cuando es la única prueba en la que se fundamenta una decisión de condena, pues objetivamente no sería suficiente por sí sola para desvirtuar la presunción de inocencia (Sentencia Corte IDH, caso Ruano Torres vs. Ecuador, párr. 133). Volver
25.
La reserva de identidad del testigo limita el ejercicio del derecho de defensa, puesto que le impide realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada (Sentencia Corte IDH, caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, párr. 242). Volver
26.
En la sentencia de 6 de abril del 2000 (caso Labita contra Italia), el TEDH reconoce que el uso de las declaraciones de los colaboradores o arrepentidos plantea algunos problemas, ya que, por su propia naturaleza, dichas declaraciones son susceptibles de ser el resultado de manipulaciones, de perseguir únicamente el objetivo de acogerse a los beneficios que la ley italiana concede a los arrepentidos o incluso constituir venganzas personales. Por lo que no debe subestimarse la naturaleza, a veces, ambigua de tales declaraciones y el riesgo de que una persona pueda ser acusada y detenida con base en afirmaciones no contrastadas y no siempre desinteresadas. Por lo tanto, las declaraciones de los arrepentidos deben ser corroboradas por otros elementos de prueba. Volver
27.
R. N. N.º 99-2017, f. j. n.° 7: “En materia de colaboradores o arrepentidos su sola sindicación no es suficiente para concluir que el incriminado, en efecto, cometió la conducta delictiva atribuida. Hace falta especialmente prueba de corroboración externa a esos testimonios —otros elementos o medios de prueba— como exigencia derivada de la garantía de presunción de inocencia”. Volver
28.
Cas. N.º 2192-2021-Puno, f. j. n.° 5: Con el solo testimonio de coimputados no se puede condenar a otro imputado. Volver
29.
Apartado 5 del fundamento jurídico n.° 13 de la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema R. N. N.º 2138-2016-Lambayeque, de 10 de febrero del 2017. Volver
30.
Constituye una regla de prueba consolidada que la declaración referencial no es suficiente para sustentar en ella una condena. Se requiere la versión del testigo presencial o, en su caso, de pruebas circunstanciales sólidas que permitan corroborar y dar mérito a una versión de oídas. No es, pues, fiable un testigo de referencia. Volver

Suscripción 2027

AGOSTO 2026 - JULIO 2027

La revista de referencia obligatoria

Para jueces, fiscales y abogados penalistas con rigor dogmático y soluciones prácticas

Suscribirme ahora

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.